Embajador Judd escala presión sobre Barros al publicar firma en Escudo de las Américas

El embajador estadounidense Brandon Judd subió la presión sobre el ministro de Defensa Fernando Barros esta semana al publicar en redes sociales un documento que hasta entonces había permanecido fuera del debate público: la firma del ministro en una declaración de seguridad de la coalición contra los carteles, fechada apenas un día después de que Barros asumiera su cargo en marzo.

El gesto no fue casual. Judd eligió el momento con precisión política: justo después de que Barros había marcado públicamente distancia con la administración Trump, señalando que Chile no era el patio trasero de ningún país y que definiría soberanamente su gasto militar y su participación en operaciones de seguridad. La Declaración Conjunta de Seguridad que Judd sacó a la luz había sido suscrita originalmente por Estados Unidos y otros países en una conferencia en Doral, Florida, a principios de marzo. Chile no figuraba entre los firmantes iniciales. Barros había asistido al encuentro, pero como futuro ministro sin representación oficial. Una semana después, ya instalado en Defensa, estampó su firma en el mismo documento.

Para Richard Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab, la publicación de Judd constituye una señal inequívoca de molestia de Washington hacia Barros. No es un gesto neutro, sino una respuesta explícita a las declaraciones del ministro chileno que habían puesto límites a las pretensiones estadounidenses. La semana anterior, después de participar en un foro sobre la coalición en Panamá, Barros había dejado clara su posición: Chile definiría su propio gasto militar, la lucha contra el narcotráfico correspondía fundamentalmente a organismos civiles, y el país elegiría en qué áreas cooperar.

Pero la interpretación no es unánime. La internacionalista Paz Zárate ve en la publicación de Judd algo más que molestia: una presión indebida sobre el Gobierno chileno. Su argumento distingue entre categorías legales distintas. Una cosa es suscribir una declaración política de intenciones, y otra muy diferente es comprometerse formalmente con la coalición operativa conocida como A3C, que sí amarraría jurídicamente a Chile a participar en operaciones militares conjuntas y modificar su estructura de defensa según directrices estadounidenses. El Ministerio de Defensa respondió el viernes sosteniendo exactamente eso: que el documento firmado por Barros es una declaración de buenas intenciones, no un compromiso operativo, y que la eventual incorporación formal al Escudo de las Américas continúa bajo evaluación.

El problema para La Moneda es que los antecedentes acumulados hacen cada vez más difícil mantener esa distinción semántica. Además de la firma de Barros en marzo, Chile participó el 5 de junio en otra declaración conjunta del Escudo de las Américas, esta vez respaldando al gobierno boliviano de Rodrigo Paz frente a protestas y bloqueos. Lo significativo es que el comunicado del Departamento de Estado estadounidense identificó explícitamente a Chile como miembro del Escudo, listándolo junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Ninguno de estos documentos prueba por sí solo que Chile haya aceptado operaciones militares conjuntas, pero alimentan preguntas sobre el verdadero grado de involucramiento del país y cuánto de ese proceso había sido comunicado públicamente.

Las dudas ya habían llegado al Congreso. El diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, solicitó esta semana a la Comisión de Relaciones Exteriores que se oficie a Cancillería para esclarecer la participación exacta de Chile en el Escudo, cuestionando también su dimensión geopolítica y el énfasis estadounidense en contener la influencia china. El diputado socialista Nelson Venegas habló de una relación que se aproxima a una subyugación frente a Estados Unidos, advirtiendo que si las explicaciones del canciller Francisco Pérez Mackenna no resultan satisfactorias, la oposición podría avanzar hacia una interpelación. Pero los reparos no vienen solo de la izquierda. El senador Iván Moreira, de la UDI, respalda la respuesta de Barros frente a Washington, repitiendo que Chile no es el patio trasero de nadie y advirtiendo sobre los nubarrones que afectan la relación bilateral. Moreira defiende la cooperación contra el crimen organizado pero rechaza que implique aceptar automáticamente exigencias estadounidenses sobre gasto militar, soberanía o permanencia en la Corte Penal Internacional.

Este episodio se suma a otros choques públicos entre Judd y autoridades chilenas, incluyendo sus críticas a ministros por cuestionar los aranceles aplicados por Washington. Pero ahora la diferencia toca un terreno más sensible aún: defensa nacional, soberanía y el papel que Estados Unidos pretende desempeñar en la seguridad regional. Más allá de si se interpreta el gesto de Judd como molestia o como presión impropia, el efecto político es el mismo: la temperatura entre Washington y Santiago volvió a subir.