Elma Saiz asume la portavocía tras gestionar la polémica de cuotas de autónomos

Elma Saiz llega a la portavocía del Gobierno después de dos años navegando un ministerio que controla aproximadamente el 12% del presupuesto nacional. Como responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha tenido en sus manos la mayor partida de gasto social del Estado, una responsabilidad que se vuelve cada vez más compleja conforme la generación del baby boom se jubila y las pensiones absorben una porción creciente del PIB. Ahora, tras la salida de Pilar Alegría para liderar el cartel socialista en Aragón, Saiz asume también la función de portavoz gubernamental, un ascenso que llega después de un mandato ministerial marcado por anuncios controvertidos y crisis políticas recurrentes.

Su gestión en Seguridad Social ha sido accidentada. En octubre del año pasado, Saiz presentó en un desayuno informativo el concepto de bajas "flexibles" para la incapacidad temporal, argumentando que así como la reforma de pensiones había permitido un tránsito más gradual entre trabajo y jubilación, lo mismo podría aplicarse a las bajas por enfermedad. La propuesta desató críticas inmediatas desde la izquierda política y sindical. El ministerio se apresuró a matizar que las bajas flexibles significarían una reincorporación gradual al trabajo una vez obtenido el alta médica, pero el daño estaba hecho. El tema permanece en punto muerto, sin consenso entre el Gobierno y los agentes sociales, y sin perspectivas claras de apoyo parlamentario.

Meses antes, en mayo, Saiz enfrentó otra tormenta cuando la Seguridad Social aprobó una orden que permitía a quienes habían sido becarios sin remuneración pagar para que esos períodos contaran como cotizados de cara a la jubilación. Los científicos protestaron con dureza. Para ellos, los períodos de prácticas no remuneradas son habituales y frecuentemente muy largos, generalmente en instituciones públicas. Consideraban que la norma no reflejaba sus circunstancias particulares. El ministerio introdujo modificaciones después de que estas quejas opacaran el anuncio original.

La crisis más reciente y de mayor envergadura llegó hace pocas semanas con la propuesta de elevar las cuotas de los trabajadores autónomos. El primer planteamiento de Saiz contemplaba aumentos significativos, con incrementos mayores en los tramos más bajos que en algunos intermedios. La reacción fue inmediata y feroz desde izquierda y derecha. Días después, Saiz corrigió el rumbo en una entrevista en este diario, defendiendo la conveniencia de la medida para alcanzar la meta de cotizar por ingresos reales en 2032, pero desacelerando el despliegue. En una reunión el 20 de octubre, el ministerio propuso congelar las cuotas más bajas e incrementos progresivos inferiores a la inflación para el resto. Desde entonces no ha habido reuniones formales, aunque comentarios de agentes sociales y grupos parlamentarios sugieren que un acuerdo se aleja. Fuentes sindicales y patronales indican que La Moncloa ordenó aparcar el tema, consciente del rechazo que genera entre los autónomos y del costo político que ha supuesto. El PP, pese a haber apoyado en 2022 la norma que iniciaba este sistema, ha enarbolado la bandera contra los aumentos y ha aprovechado para colocar sus propias propuestas. Si no se logra un pacto o si el texto no es aprobado en el Parlamento, Saiz ha admitido que el Gobierno prorrogará las cuotas actuales en 2026, un escenario inevitable dada la cercanía del fin de año.

El reverso de estos tropiezos fue el principal logro de su departamento: el único gran acuerdo del Gobierno en lo que va de legislatura con participación empresarial. El 18 de septiembre del año pasado, el presidente del Gobierno, los máximos dirigentes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, escenificaron en La Moncloa la firma de un acuerdo que profundizó en la reforma de pensiones iniciada en 2021. Al contar con respaldo patronal además de sindical, esta modificación recibió meses después el voto favorable del PP en el Parlamento. Este éxito convive con los datos de empleo que cosecha España mes tras mes, con alrededor de medio millón de nuevos puestos de trabajo creados en el último año.

Saiz, licenciada en Derecho y especialista en fiscalidad, asumió el ministerio en sustitución de José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. Fue delegada del Gobierno en Navarra durante el mandato de Zapatero y responsable de Economía y Hacienda en el Ejecutivo socialista de María Chivite. En junio del año pasado fue citada por PP y UPN en la comisión del Senado que investigaba el caso Koldo, dada la presunta relación de la trama con Navarra, de donde también procede Santos Cerdán. Asumir la Seguridad Social fue un reto considerable, en gran medida por su antecesor. Escrivá, pese a estar muy contestado por economistas que le recordaban sus cambios de opinión respecto a lo que decía cuando presidía la Airef o el equipo de estudios del BBVA, entraba al fondo del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones con un bagaje económico que le permitía dar una batalla ideológica más profunda de la que ahora da Saiz.