Casi una década después de que Cataluña intentara separarse de España, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha trazado una línea que la ley de amnistía no puede cruzar: la malversación de fondos públicos. Con esta resolución, Carles Puigdemont —exiliado desde 2017 y líder de Junts per Catalunya— sigue siendo un hombre buscado en su propio país, atrapado entre la reconciliación política que la amnistía prometía y la distinción jurídica que la deshace. El caso recuerda que las leyes de gracia tienen fronteras, y que esas fronteras las trazan, al final, los jueces.
El Tribunal Supremo rechaza la amnistía a Puigdemont por malversación
Carles Puigdemont permanece bajo orden de detención nacional, limitando su libertad de movimiento y exposición a posible arresto.