El Tribunal Supremo suspendió la llamada ley de nietos el 10 de septiembre de 2026, frenando una norma que habría extendido la nacionalidad española —y con ella el derecho al voto— a descendientes de emigrados. La corte invocó la protección de la integridad electoral ante proyecciones que situaban en más de 150.000 los nuevos inscritos en Madrid y Barcelona. En el fondo de esta decisión late una pregunta que las sociedades democráticas raramente resuelven con facilidad: quién forma parte de la comunidad política y bajo qué condiciones puede ejercer su soberanía.