El Supremo suspende el voto de los nietos del exilio sin base legal suficiente

El 10 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo emitió una resolución que congela temporalmente el derecho al voto de más de 400.000 españoles. Estos ciudadanos adquirieron su nacionalidad a través de una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que reconoce a los descendientes de exiliados españoles. Con un solo auto cautelar, el tribunal suspendió su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, privándolos del sufragio activo mientras se resuelve un recurso que cuestiona la validez de esas nacionalizaciones.

La medida judicial presenta defectos procedimentales graves que merecen escrutinio. El recurso que originó la suspensión fue presentado contra un acuerdo de la Junta Electoral Central en el que ese órgano se declaraba incompetente para pronunciarse sobre los requisitos para conceder nacionalidad. Sin embargo, lo que el Supremo suspendió no fue ese acuerdo de inhibición, sino los efectos de una Instrucción de 2022 dictada por otro órgano administrativo, una norma que nunca había sido impugnada en procedimiento alguno. Es un salto lógico problemático: se suspenden derechos basándose en una norma que formalmente no era el objeto del litigio.

La ponderación de intereses que realiza el auto es incompleta y omite consideraciones constitucionales fundamentales. El tribunal identifica el riesgo en el crecimiento excepcional del censo electoral, argumentando que más de 400.000 nuevas inscripciones podrían afectar la transparencia electoral. Pero este argumento descansa en una conjetura sobre un perjuicio futuro e hipotético, vinculado a procesos electorales aún no convocados. Mientras tanto, el daño a los afectados es inmediato y real: la privación del derecho de voto de personas cuya condición de españoles ha sido reconocida legalmente por órganos competentes. El auto califica este perjuicio como meramente temporal y proporcionado al interés general, pero la temporalidad de una restricción de derechos fundamentales no neutraliza su gravedad.

La resolución ignora además dos mandatos constitucionales explícitos. El artículo 42 de la Constitución ordena al Estado velar especialmente por los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia el retorno. El artículo 68.5 remite expresamente a la ley para garantizar y favorecer el ejercicio del sufragio de españoles en el exterior. Ambos preceptos formaron parte de la intención legislativa tanto en 2007 como en 2022 al configurar el derecho de opción por la nacionalidad española. El Supremo no los cita. Esa ausencia revela, cuando menos, una ponderación incompleta de los valores constitucionales en juego.

Hay también una cuestión de lógica jurídica que el auto no aborda. El ordenamiento español no ofrece ningún cauce para privar colectivamente de la nacionalidad a un grupo de personas. Para anular esas nacionalizaciones habría que seguir procedimientos individuales: procesos civiles ordinarios ante registros civiles o procedimientos contencioso-administrativos ante la jurisdicción administrativa, cada uno con sus fases de alegaciones, prueba, conclusiones y sentencia. Cientos de miles de procesos individuales serían la consecuencia lógica de una sentencia que confirmase la medida cautelar. El auto no menciona esta derivada.

Las debilidades jurídicas de la Instrucción de 2022 son reales, pero no justifican la solución adoptada. La norma mantiene una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, exigiendo solo demostración de la salida del territorio. Para el período posterior hasta 1978, exige acreditación de la condición de exiliado. Esta presunción responde a una realidad material: es imposible exigir prueba documental individualizada a descendientes de quienes huyeron en condiciones de urgencia, persecución o miseria, cuyos archivos familiares se perdieron con la guerra o con el tiempo. Sin presunción, el derecho se convierte en letra muerta para quienes más lo necesitan. La Instrucción de 2008 adoptó un enfoque más cauteloso, exigiendo documentación específica y revisable caso por caso. La de 2022 aligió la carga probatoria mediante presunciones materialmente justificadas pero sin respaldo normativo expreso en el texto de la ley. El problema no era el qué, sino el cómo. El resultado es materialmente justo; el instrumento, jurídicamente frágil.

Lo que este auto normaliza merece ser nombrado con claridad. Las privaciones colectivas de nacionalidad, la desnacionalización por decreto, la supresión de la condición de nacional sin proceso ni sentencia, la expatriación en masa por motivos políticos, han sido instrumentos históricos de los Estados autocráticos. Es precisamente lo que las leyes de memoria democrática en varios países vinieron a reparar. La Constitución de 1978 construyó un sistema de garantías que hace imposible, o debería hacer imposible, que la condición de español quede en suspenso en bloque, sin audiencia, sin proceso y sin sentencia firme. Que un auto cautelar produzca ese efecto, aunque sea provisionalmente, es algo que debe llamarse por su nombre. Los nietos del exilio esperaron décadas para que el ordenamiento jurídico español reconociera lo que la historia les había arrebatado. Mientras el Supremo no dicte sentencia, la suspensión es concreta, tiene nombres propios y se produce en virtud de una resolución que no ha ponderado suficientemente los valores constitucionales en juego.