El Supremo permite perder un alquiler de renta antigua si no resides en él, aunque viva un familiar

El Tribunal Supremo ha trazado una línea clara sobre cuándo un propietario puede recuperar una vivienda alquilada bajo el régimen de renta antigua: si el inquilino no vive en ella al menos seis meses cada año, el contrato puede rescindirse, incluso cuando un familiar ocupa el piso. La sentencia, dictada en diciembre de 2022, cierra una brecha legal que durante décadas permitió a los arrendatarios mantener indefinidamente viviendas que apenas utilizaban.

El caso que originó esta resolución comenzó en Sevilla con un contrato firmado el 1 de junio de 1982, protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Cuando la propietaria heredó la vivienda en diciembre de 2015, descubrió que el inquilino residía en Canarias, en otra comunidad autónoma. Su hija, estudiante universitaria, utilizaba el piso durante el curso académico, pero el padre no vivía allí. Los registros lo confirmaban: su médico estaba en Lanzarote, y el consumo de suministros caía drásticamente durante meses. En diciembre de 2016, la propietaria inició el litigio para recuperar su vivienda.

En febrero de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla declaró resuelto el contrato por falta de ocupación superior a seis meses anuales. El inquilino apeló ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que le dio la razón y absolvió al demandado. La propietaria entonces presentó un recurso de casación argumentando que la sentencia contravenía la ley de arrendamientos. El Tribunal Supremo finalmente se pronunció a su favor.

Lo que hace significativa esta sentencia es lo que rechaza explícitamente: que la presencia de un familiar no dependiente económicamente justifique mantener la prórroga forzosa. El tribunal fue claro en que los alquileres destinados a estudios durante el curso académico caen fuera de la normativa de renta antigua y se asimilan a alquileres de temporada. La hija del inquilino, mayor de edad y sin dependencia económica acreditada, no podía ser razón para que el padre conservara un contrato que no estaba usando.

Esta decisión afecta a aproximadamente 100.000 inmuebles en renta antigua que aún existen en España. Estos contratos, prácticamente vitalicios desde su origen, permitieron a generaciones de familias vivir con rentas congeladas, sin incrementos significativos más allá de ajustes por inflación. Eran una forma de protección inquilina que se volvió casi imposible de desalojar. Pero la sentencia establece que esa protección tiene un límite: el inquilino debe ocupar realmente la vivienda. No basta con estar empadronado, no basta con que alguien de la familia la use ocasionalmente.

El artículo 62.3 de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos ya contemplaba esta posibilidad, pero rara vez se aplicaba. Ahora el Tribunal Supremo la ha reafirmado con criterios concretos. La ocupación debe ser real y verificable: dónde está el médico del inquilino, cuál es el consumo de servicios, dónde trabaja, dónde vive efectivamente. El tribunal rechazó la defensa del demandado de que simplemente utilizaba la vivienda de forma continuada sin importar dónde estuviese empadronado o dónde trabajase.

La sentencia marca un giro en la interpretación de estos contratos. Durante décadas, muchos propietarios heredaron viviendas con inquilinos que apenas las ocupaban, atrapados en un régimen que les impedía recuperar su propiedad. Ahora tienen una vía legal clara, aunque con requisitos estrictos: deben demostrar que el inquilino no reside en la vivienda más de seis meses al año, sin causa justificada. La presencia de un familiar no es causa justificada. El resultado es que alrededor de 100.000 viviendas que parecían condenadas a la prórroga indefinida podrían volver al mercado si sus propietarios logran probar el incumplimiento de la ocupación.