El Supremo duda de la regularización de migrantes por posible choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo

El plazo corre ya en el Tribunal Supremo. Una providencia fechada el 24 de junio, a la que tuvo acceso el diario El Mundo, plantea que el nuevo régimen de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno podría chocar con la legislación de la Unión Europea. Lo contó en el programa Al Rojo Vivo el periodista Juanma Lamet, autor de la información.

El documento responde a los recursos presentados por dos gobiernos autonómicos, el de la Comunidad Valenciana y el de Aragón, que cuestionan el real decreto. En la providencia, el Supremo expone sus dudas jurídicas y concede un periodo de cinco días a las partes para pronunciarse.

Según Lamet, ese plazo está a punto de vencer. Tanto Aragón como la Comunidad Valenciana, explicó, solicitarán medidas cautelares. La decisión recaerá entonces en los siete magistrados que forman el tribunal, que deberán resolver por mayoría si suspenden o no la aplicación del decreto. "Pueden hacerlo", advirtió el periodista.

El principal punto de fricción es el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Lamet señaló que ya estaba en vigor cuando el Gobierno aprobó el decreto, aunque sus efectos todavía no se aplicaban. A su juicio, el Supremo aprecia una posible colisión "muy clara". Según su relato, el tribunal identifica hasta seis bloques de normativa europea con los que la norma podría entrar en conflicto, aunque el pacto es el más destacado.

El segundo gran frente son las normas del espacio Schengen. El periodista explicó que, según el tribunal, no hubo coordinación con el resto de países europeos, algo que la Unión Europea exige cuando se adoptan medidas de regularización de esta magnitud. El argumento es práctico: las personas regularizadas podrán desplazarse por todo el espacio comunitario, de modo que debe existir cooperación entre los Estados miembros.

Conviene distinguir lo que hay de lo que falta. La providencia expresa dudas y posibles incompatibilidades; no es una sentencia ni una suspensión del decreto. La información procede de lo publicado por El Mundo y de la exposición de su periodista, y en este material no figura una respuesta del Gobierno.

Lo que viene es una decisión cautelar. Cuando se reciban las alegaciones de las partes y las peticiones de Aragón y la Comunidad Valenciana, los siete magistrados decidirán por mayoría si el real decreto queda suspendido mientras se resuelve el fondo del asunto.