El Supremo de Brasil abre histórico juicio sobre despenalización del aborto

El Supremo Tribunal Federal de Brasil abrió esta semana uno de los debates más polarizantes de su historia reciente: si el país debe permitir el aborto hasta las doce semanas de gestación. Hasta ahora, la interrupción del embarazo solo es legal en tres circunstancias específicas—cuando resulta de una violación, cuando el feto presenta anencefalia, o cuando la vida de la madre corre peligro. Once jueces votarán sobre la propuesta. Solo uno ha emitido su voto hasta el momento, y fue a favor.

La batalla por los derechos reproductivos en Brasil lleva décadas sin resolverse. Desde que el país recuperó la democracia en 1985, iniciativas para despenalizar el aborto han fracasado una y otra vez, tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda. El recurso que ahora llega a la corte suprema fue presentado hace seis años y medio por el PSOL, un partido de ultraizquierda aliado del gobernante Partido de los Trabajadores. Rosa Weber, la presidenta de la corte que está próxima a jubilarse, decidió impulsar el juicio antes de dejar el cargo. Ella fue la primera en votar, y lo hizo afirmativamente. El segundo juez en emitir su voto, Luis Roberto Barroso, pidió que el proceso se traslade de la modalidad virtual a una presencial, lo que ha suspendido indefinidamente el avance del caso.

El PSOL y el Instituto de Bioética Anis argumentan que la prohibición actual, establecida en el Código Penal de 1940, viola derechos fundamentales de las mujeres: igualdad, dignidad, libertad y salud. En su voto, Weber escribió que la criminalización perpetúa la discriminación basada en el género y citó datos que muestran que las mujeres negras y de clases bajas son las más afectadas por estas leyes. Las penas actuales por provocarse un aborto o consentir que otro lo practique van de uno a tres años de cárcel; para quienes lo practican con consentimiento de la embarazada, la pena sube a uno a cuatro años.

La realidad en las calles brasileñas es brutal. Miles de mujeres cada año se someten a abortos clandestinos, procedimientos que frecuentemente terminan en muerte. Una encuesta de 2021 reveló que una de cada siete mujeres de alrededor de cuarenta años se sometió al menos a un aborto en su vida, y el 43 por ciento de ellas requirió hospitalización para completar el procedimiento. Los abortos inseguros golpean desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables: las negras y las pobres, quienes tienen menos acceso a opciones seguras y legales.

En América Latina, solo cinco países han despenalizado completamente el aborto: Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y México. Chile, como Brasil, permite la interrupción del embarazo solo en circunstancias muy específicas. La polarización en Brasil es profunda. Una encuesta de finales de agosto mostró que el 43 por ciento de los entrevistados se opone a la despenalización, el 39 por ciento la apoya, y el 18 por ciento no tiene opinión o prefirió no responder.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se identifica como católico, dijo durante su campaña que se opone al aborto, aunque afirmó que las mujeres deben tener supremacía sobre sus propios cuerpos. Nada más asumir el poder, su gobierno sacó a Brasil del Consenso de Ginebra, un acuerdo internacional firmado por su predecesor Jair Bolsonaro que agrupa a países con gobiernos conservadores opuestos al aborto. Sin embargo, no hay indicios de que el gobierno vaya a impulsar la legalización. El Congreso, dominado por fuerzas conservadoras con una fuerte presencia evangélica, está más enfocado en iniciativas que buscan limitar y penalizar aún más la interrupción del embarazo.

Incluso si el Supremo Tribunal Federal aprueba la despenalización, el camino no terminaría ahí. La decisión de la corte solo significaría que las mujeres que aborten y los médicos que realicen el procedimiento no serían castigados penalmente. No garantizaría que el aborto se incorpore al sistema público de salud ni que sea legislado como derecho. Eso requeriría acción del poder ejecutivo y del Congreso, donde los conservadores tienen la mayoría. El juicio, por ahora suspendido sin fecha de reanudación, seguirá siendo uno de los temas más divisivos de Brasil.