El Supremo avala las tesis de fraude electoral de la derecha al suspender el voto de nacionalizados

El Tribunal Supremo tomó una decisión el jueves que ha reconfigurado el debate político sobre las nacionalizaciones en España. Suspendió el derecho al voto de los ciudadanos recientemente nacionalizados bajo la ley de nietos, argumentando que el crecimiento del censo electoral de residentes en el extranjero representa un riesgo tan grave que justifica la restricción de un derecho fundamental. Con esa medida, la corte ha proporcionado munición judicial a las acusaciones que el PP, Vox y otros grupos de ultraderecha llevan meses lanzando contra el Gobierno: que está manipulando el proceso electoral mediante nacionalizaciones masivas.

Los números que el tribunal consideró son estos: 333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos ya estaban inscritas en el censo electoral al 31 de mayo, y otras 238.065 habían solicitado estarlo. El Supremo, sin embargo, utilizó una cifra más alta proporcionada por la organización Iustitia Europa en su recurso: 408.262 nuevos censados entre las elecciones generales de 2023 y el 1 de julio de 2026. Los cinco magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideraron ese número válido porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo cuestionaron. Señalaron como ejemplo las circunscripciones de Madrid, que ganó 115.572 electores nuevos, y Barcelona, con 43.439, describiendo este incremento como "excepcional" y sin precedentes.

La lógica judicial fue que este crecimiento del censo, combinado con el hecho de que sigue aumentando, crea una situación de "incertidumbre sobre el resultado electoral". Los jueces argumentaron que permitir que estos nuevos ciudadanos votaran podría "afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". La medida cautelar de suspender el voto era, en su razonamiento, la única forma de proteger la integridad del proceso. Lo que el tribunal no hizo fue examinar si esa incertidumbre era real o teórica, o si existían mecanismos menos drásticos para verificar la validez de las inscripciones.

Esta decisión ha validado exactamente lo que la derecha ha estado argumentando durante meses. En julio, el líder del PP acusó al Gobierno de intentar "fabricar nuevos votantes" mediante lo que llamó "ingeniería electoral". Argumentó que la ley de nietos no era un acto de generosidad hacia los descendientes de exiliados, sino un cálculo electoral. Una carta interna del PP de Madrid dirigida a 90.000 interventores, apoderados y afiliados advertía que "los recientes procesos de regularización masiva y de nacionalizaciones van a alterar sustancialmente el censo", y exhortaba a la vigilancia porque el PSOE "es capaz de todo". Vox, por su parte, fue más directo: en junio, su diputado Ignacio Hoces acusó al presidente de ser "responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen del 78".

La decisión del Supremo ha intensificado esta batalla. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Millán, quien lideró internamente la lucha por este asunto, declaró que el Gobierno había intentado "con todo descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder", pero "se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona". El PP, que había intentado mantener una posición más moderada diciendo que apoyaba la nacionalidad de los nietos pero con "transparencia y rigor documental", ha vuelto a un discurso más agresivo sobre manipulación electoral.

No todos en el tribunal estuvieron de acuerdo. La magistrada Alicia Millán, quien se incorporó al Supremo en febrero del año anterior, fue la única en oponerse. Consideró que sus compañeros no habían "ponderado" correctamente los intereses en juego. Su argumento fue que privar a decenas de miles de ciudadanos españoles de uno de los derechos más fundamentales que acompaña a la nacionalidad —el derecho a votar— requería una justificación más sólida que la incertidumbre teórica sobre el tamaño del censo.

Lo que queda sin resolver es si el crecimiento del censo es realmente anómalo o simplemente refleja el hecho de que la ley de nietos abrió un camino que muchos descendientes de españoles querían seguir. También queda sin aclarar si el Gobierno cometió alguna irregularidad en el proceso de nacionalización, o si simplemente aplicó la ley tal como fue escrita. El tribunal no investigó eso. Lo que hizo fue aceptar la premisa de que un censo más grande es inherentemente sospechoso, y que la solución es quitar el voto a quienes ya son ciudadanos españoles.