El "Super Niño" expone la ausencia estatal en gestión ambiental y riesgos climáticos

Mientras los medios de comunicación advierten sobre las consecuencias del fenómeno climático conocido como El Niño —que este año llega con intensidad excepcional y ha sido denominado "Super Niño"—, el gobierno provincial despliega su propia estrategia: limpiar canales, podar árboles, aumentar multas por arrojar residuos, enviar fondos a municipios para tareas de mantenimiento. A simple vista, estas acciones parecen una respuesta preventiva razonable ante el aumento de riesgos naturales. Pero en el relato oficial se cuela una idea problemática: que si ocurren inundaciones, caídas de árboles o desbordes, la culpa será de los ciudadanos que no cumplieron su parte. El vecino que tira basura, el que no denuncia un árbol en riesgo, los desarrolladores que impermeabilizan suelos. Todos responsables. Todos culpables.

Pero esta narrativa invierte la verdadera cadena de responsabilidades. El Estado es el actor principal, y su ausencia es lo que ha configurado el escenario de riesgo. Barrios enteros se construyeron en zonas peligrosas porque la Ley de Ordenamiento Territorial de 2009 nunca se aplicó con rigor. El Plan Provincial de 2017, ratificado por ley y de cumplimiento obligatorio, fue ignorado. El Programa de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales que debería haberse elaborado en 2018 nunca existió. Mientras tanto, la Agencia de Cambio Climático fue cerrada. La Dirección de Hidráulica fue vaciada presupuestariamente. Desde los años noventa, estudios del IADIZA sobre el pedemonte y estrategias para fortalecer las microcuencas como receptores de agua permanecieron en los estantes. El gobierno de Mendoza tenía una silla en esa institución científica por ley. Nunca la ocupó. Esa ausencia refleja un desinterés profundo en la ciencia que conserva los ecosistemas y que, además, salva vidas.

La gestión de residuos ilustra bien este patrón de omisión. Sin contenedores suficientes, sin campañas de educación ambiental, es ingenuo esperar que los ciudadanos gestionen correctamente sus desechos. Desde 1992 existen leyes contra el vuelco clandestino. Treinta y cuatro años después, el problema persiste sin soluciones estructurales. Los árboles siguen cayendo porque se plantan especies inadecuadas para el clima local y porque se mutilan para que pasen líneas eléctricas que, por ley, deberían ser subterráneas desde hace más de dos décadas. Recientemente se han dictado nuevas normas para abordar estos temas. Más allá de sus deficiencias, representan un avance en problemas que llevan décadas sin resolverse. Pero llegan tarde. Llegan cuando los fenómenos climáticos ya están en el horizonte, cuando la ventana para la preparación real se ha cerrado.

Treinta años de omisiones no se corrigen en cuatro meses. Esa es la realidad que el gobierno provincial parece no querer ver. Más que rezar para que los pronósticos no se cumplan, lo que urge es que el Estado comience a cumplir las normas que él mismo dictó. Solo con una institucionalidad ambiental sólida, coordinando y acompañando a los municipios, será posible enfrentar los eventos climáticos que se avecinan con verdadera preparación. La ciencia ya sabe lo que vendrá. La política, en cambio, sigue ausente. Y esa ausencia —esa desidia estatal— será la verdadera responsable de que los fenómenos naturales se conviertan en desastres sociales.