El PSOE se desmorona por la gestión de Ceuta: "Nos hemos embarrado más"

A seis semanas del salto fronterizo que llevó a cerca de 80.000 personas a entrar de forma irregular en Ceuta a finales de julio, el Gobierno intenta restaurar el orden con una estrategia que ha tenido el efecto contrario dentro de su propio partido. La desclasificación de los informes de inteligencia previos a la crisis, una decisión que Pedro Sánchez presentó como prueba de que el Ejecutivo no disponía de información sobre la amenaza, no ha calmado las aguas internas del PSOE. Al contrario, ha removido el desconcierto que ya reinaba entre dirigentes territoriales y diputados que no forman parte del Gobierno.

En La Moncloa se mantiene un discurso de control y transparencia. En las filas socialistas fuera del Ejecutivo reina una sensación muy distinta. Un secretario general autonómico describe el ambiente como caos puro. Otro líder regional resume la frustración con una frase que captura el sentimiento generalizado: si intentaban salir de esta crisis, se han hundido más en el barro. Los dirigentes consultados reproducen una narrativa común de desorden administrativo. El delegado del Gobierno comparece en rueda de prensa. El Centro Nacional de Inteligencia admite en un comunicado que no anticipó la magnitud de lo que sucedería. El presidente debe aclarar en redes sociales cuál debe ser la interpretación correcta de los hechos. La confusión resultante es tal que un líder regional se pregunta con quién quedarse, a quién creer.

Los documentos desclasificados revelan un fallo administrativo que muchos dentro del partido consideran inexcusable. Un agente del CNI alertó al jefe del gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta sobre la amenaza. Esa información nunca escaló hacia los superiores. El resultado fue una crisis con repercusión mundial. Un miembro de la dirección federal compara la situación con una historieta cómica de Mortadelo y Filemón, lamenta que el jefe de gabinete no haya dimitido ni sido cesado. Otro dirigente señala que en el Gobierno nadie dimite, salvo Trapero, el director general de la policía de Cataluña, quien renunció esta semana tras encontronazos con la consejera de Interior.

La frustración se extiende hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Un diputado que no responde a la etiqueta de antisanchista lo acusa de error tras error, de no controlar su ministerio. Señala que la filtración de información sobre los 49.000 inmigrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta, cifra que fue publicada y luego borrada por una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional el 31 de julio, demuestra falta de control. Esa funcionaria fue destituida de forma fulminante ese mismo día. El diputado resume la sensación con una frase que resuena: gobernamos, pero no mandamos.

La desclasificación de los informes, que debería haber cerrado un mes y medio de pesadilla, ha creado otro problema. María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y secretaria general de Andalucía, defiende el ejercicio de transparencia del Gobierno, argumenta que nunca se detectó riesgo efectivo y real. Achaca a un problema de comprensión lectora que la oposición insista en que hubo alertas que fueron ignoradas. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, eleva el tono como acostumbra. Vincula las dificultades del último Informe PISA con la gestión de Ceuta, carga contra el Gobierno por falta de comprensión lectora, advierte que si no espabila y no soluciona el problema, la crisis puede convertirse en la segunda gran mentira de la democracia, comparable a la autoría del 11-M.

Felipe González, expresidente, se suma a las contadas críticas públicas del PSOE. Antes de una comida con antiguos cargos en un restaurante madrileño, reprocha que la gestión de Ceuta es manifiestamente mejorable. Cuando se le pregunta si el Gobierno debe asumir responsabilidades, responde sin rodeos: nunca le ha visto asumir responsabilidades. Un antiguo delegado del Gobierno alineado con Sánchez discrepa de que la culpa recaiga solo en el jefe de gabinete del delegado en Ceuta. Recuerda que cuando había algo mínimamente serio en su época, lo llamaban o pedían una reunión urgente. Una crisis de esta magnitud no debería quedar encapsulada en mensajes entre un agente del CNI y un jefe de gabinete. Critica que nadie quiera tener la culpa encima de la mesa y que la defensa del Gobierno sea lamentable.

La preocupación electoral tiñe todas estas conversaciones. Dirigentes socialistas advierten sobre el impacto de Ceuta en las elecciones generales, sin fecha aún, y en los comicios municipales y autonómicos de mayo. Un alcalde de una capital de provincia sentencia: esto nos afecta a todos, y él ahora mismo pierde el ayuntamiento. Un diputado con galones dice que tienen tres semanas para resolver el entuerto. La crisis de Ceuta no es solo un problema de gestión administrativa o de comunicación política. Es una amenaza electoral que los propios socialistas ven crecer mientras el Gobierno intenta convencer de que todo está bajo control.