El PSOE propone un seguro público contra impagos de alquiler para abordar la crisis habitacional

El Partido Socialista prepara una propuesta que podría cambiar el modo en que se negocia el riesgo en el mercado de alquileres español. En su próximo Congreso Federal, que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, los socialistas incluirán en su hoja de ruta hacia 2030 la creación de un seguro público contra impagos y desahucios. La medida busca, según el documento de la Ponencia Marco, aumentar las garantías para los propietarios mientras refuerza la seguridad de los inquilinos, aunque el partido no ha detallado aún cómo funcionaría en la práctica.

La propuesta llega en un momento en que los seguros de alquiler privados ya están ganando terreno en el mercado. Según datos del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA), la contratación de estas pólizas ha crecido un 25,5% en lo que va de 2024 respecto al año anterior. En apenas tres años, la proporción de viviendas arrendadas con este tipo de cobertura ha pasado del 5% al 10% del total del parque de alquileres. Los propietarios buscan protección ante impagos, mientras que las aseguradoras ofrecen coberturas que incluyen el pago de rentas durante períodos de hasta dieciocho meses, gastos legales en procedimientos de desahucio y servicios de mediación para evitar llegar a esa situación.

Javier Íscar, presidente de OESA, ve con interés la iniciativa del PSOE pero plantea una condición importante: cualquier seguro público debería limitarse a alquileres por debajo de un importe máximo para dirigirse realmente a quienes lo necesitan. Sugiere el modelo de los avales para jóvenes compradores, que fijan techos entre 200.000 y 325.000 euros según la ubicación del inmueble. Íscar también destaca que los seguros actuales funcionan con un requisito previo: el estudio de solvencia del inquilino garantiza que la renta mensual no supera el 40 o 45 por ciento de sus ingresos, evitando así precios desmesurados y otras cargas como mensualidades adicionales a la fianza o exigencia de avales. El coste del seguro, generalmente entre el 5 y el 6 por ciento de la renta anual, recae habitualmente en el propietario, aunque puede trasladarse al inquilino si ambas partes lo acuerdan.

El Gobierno ya cuenta con herramientas similares en el Plan Estatal de Vivienda vigente, que permite a las comunidades autónomas ofrecer ayudas para cubrir hasta el 5 por ciento de la renta anual en seguros de alquiler para viviendas de hasta 600 euros mensuales, ampliables a 900. Sin embargo, este programa apenas ha sido implementado. El Partido Popular, por su parte, incluyó propuestas parecidas en su batería de medidas sobre vivienda lanzada a principios de octubre: avales públicos para fianzas y ayudas a seguros de impago.

La reacción del sector de propietarios es cautelosa. Ana González, vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, advierte que habrá que ver la letra pequeña. Pero va más allá: señala que el verdadero obstáculo que disuade a los propietarios de poner pisos en alquiler no es la falta de seguros, sino la inseguridad jurídica provocada por cambios legislativos y las dificultades para desalojar a un inquilino en caso de impago. González propone que cuando una persona deja de pagar y no es vulnerable, pueda ser desalojada rápidamente, y que cuando sí lo es, sea la administración quien abone una renta sostenible hasta encontrar una solución habitacional. Pide también revertir la suspensión temporal de desahucios aprobada tras la pandemia y el endurecimiento introducido por la ley de vivienda.

La crítica más contundente viene del Sindicato de Inquilinas. Pablo Pérez, portavoz del sindicato en Madrid, califica la idea de "totalmente indecente", argumentando que garantizar con fondos públicos el beneficio de los propietarios antes que el derecho a la vivienda de los inquilinos es una prioridad invertida. El sindicato sostiene que los seguros de impago serían completamente innecesarios si los precios de alquiler fueran asequibles. Pérez subraya que la mayoría de los inquilinos destina más de la mitad de su sueldo al pago del alquiler, lo que fuerza situaciones de impago. Insiste en que la solución pasa por abordar las causas estructurales del problema habitacional, no por medidas temporales. "La mejor protección que puede haber para que no se generen impagos es que bajen los precios", afirma, y advierte que los seguros de impago acaban siendo repercutidos de forma encubierta sobre los inquilinos, agravando la exclusión en el mercado de alquiler.

Mientras el debate continúa, el sector ha generado sus propias dinámicas. Han surgido agencias inmobiliarias que ofrecen servicios de seguros de alquiler sin ser aseguradoras, lo que genera riesgos: desde OESA advierten que estas empresas no cuentan con el respaldo del Consorcio de Seguros, dejando a los propietarios desprotegidos si la empresa cierra. La propuesta del PSOE, que será debatida en su congreso en poco más de dos semanas, se inscribe en un panorama donde todas las partes reconocen que hay un problema, pero donde el diagnóstico y la solución propuesta varían radicalmente según quién hable.