El PP acusa a Sánchez de «imprudente» por ofender a Israel en su visita oficial

La visita de Pedro Sánchez a Israel y Egipto encendió una disputa política doméstica que trasciende los límites de la diplomacia tradicional. El presidente llegó con un discurso que no dejó espacio para ambigüedades: criticó duramente al Gobierno de Benjamín Netanyahu por la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluidos miles de niños, como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Además, abrió la puerta a un reconocimiento unilateral del Estado de Palestina, aunque expresó su preferencia por coordinar esta decisión con sus socios europeos. También exigió que el actual alto al fuego en Gaza fuera permanente, no temporal. La reacción fue inmediata: el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí convocó al embajador español para reprender duramente al país por lo que calificó como defensa del terrorismo.

En Madrid, la oposición no tardó en movilizarse. El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, calificó la actuación de Sánchez como «imprudente» y contraproducente. Los populares argumentaron que el presidente había cometido un error fundamental de protocolo diplomático: visitar a un aliado estratégico para ofenderlo. «Ir invitado a casa de un aliado para ofenderle es la peor carta de presentación de España», señalaron fuentes del partido, además de caracterizar la conducta como «lo contrario a la diplomacia». El PP no se limitó a criticar este episodio aislado, sino que lo enmarcó dentro de un patrón más amplio de gestión exterior deficiente. Recordaron que Sánchez había generado una crisis similar con Argelia hace poco más de un año, cuando cedió ante Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental, un giro que los populares consideran una traición a compromisos previos.

La acusación central del PP iba más allá de la mera crítica diplomática. Los populares argumentaron que Sánchez había antepuesto los intereses de su coalición de Gobierno al interés nacional de España. Específicamente, señalaron que el presidente había utilizado la confrontación con Israel para resolver un «problema de falta de coherencia» dentro de su propio Ejecutivo. Esta incoherencia tiene un nombre: Sumar, el socio minoritario del Gobierno. La plataforma de Yolanda Díaz ha mantenido una postura consistente respecto al conflicto Israel-Hamás: evitó desde el principio clasificar a la milicia islamista como grupo terrorista, algunos de sus diputados incluso justificaron los ataques a Israel, y presionó constantemente a Sánchez para que reconociera el Estado palestino. Al adoptar una postura tan crítica con Netanyahu, Sánchez parecía ceder a estas presiones internas, sacrificando la coherencia de la política exterior española en el altar de la estabilidad de la coalición.

El PP también acusó al presidente de haber «dificultado» el consenso europeo en torno a la respuesta al conflicto. En un momento en el que la Unión Europea y la OTAN buscaban mantener una posición unificada, la visita de Sánchez y su duro discurso fueron caracterizados como contraproducentes no solo para los intereses de España, sino para toda Europa. Desde Génova, la sede del PP, trasladaron su «respaldo» tanto a Israel como a su «derecho a combatir el terrorismo». Los populares exigieron respeto por la vida y seguridad de los civiles inocentes y la liberación inmediata de los rehenes capturados por Hamás.

Vox fue aún más lejos en su crítica. Santiago Abascal, el líder de la formación de extrema derecha, escribió en X que Sánchez tenía «la desvergüenza de tratar de dar lecciones a Israel después de que hayan sufrido el atentado más cruel y abyecto de la Historia». Abascal caracterizó al presidente como «ilegal», acusándolo de haber conseguido el poder «comprando el voto de los amigos de Hamas y demás ralea». Según Abascal, Sánchez «siempre está del lado del terrorismo y del golpismo». La retórica de Vox fue más incendiaria que la del PP, pero ambas formaciones convergían en el diagnóstico: la visita de Sánchez a Oriente Medio había sido un error estratégico que debilitaba a España en el escenario internacional.

Lo que quedaba claro después de estos primeros días de reacción era que el viaje de Sánchez había abierto una brecha política doméstica que iba más allá de la cuestión de Palestina o Israel. La disputa revelaba tensiones profundas dentro del Gobierno español sobre cómo navegar un conflicto que dividía a la opinión pública europea y que ponía a prueba los compromisos internacionales de España con sus aliados tradicionales. La pregunta que flotaba en el aire era si Sánchez había actuado como estadista dispuesto a asumir un costo político por sus convicciones, o si había sacrificado los intereses nacionales para mantener contenta a su coalición de Gobierno.