El Patronato de Protección a la Mujer: cárcel sin juicio para miles de jóvenes en el franquismo

Carmen Guillén ha escrito un libro que obliga a mirar de frente a uno de los episodios más oscuros y sistemáticamente olvidados del franquismo español. El Patronato de Protección a la Mujer funcionó durante cuatro décadas, desde 1941 hasta bien entrada la democracia, como una máquina de encierro sin proceso, sin defensa, sin delito comprobado. Miles de jóvenes fueron internadas en conventos y reformatorios por razones que hoy resultan incomprensibles: perder la virginidad, tener tendencias homosexuales, asistir a una protesta, desobedecer una orden, o simplemente ser consideradas descarriadas por el nacionalcatolicismo que gobernaba el país.

El régimen franquista no inventó el Patronato desde cero. Tomó una institución que ya existía, creada originalmente para combatir la trata de blancas, y la transformó en 1941 en un instrumento de represión moral. Bajo la presidencia de Carmen Polo de Franco, se ramificó en juntas provinciales y locales donde los obispos diocesanos ocupaban cargos de autoridad. La estructura era sofisticada: empleaba a mujeres llamadas celadoras, después visitadoras sociales, que vigilaban bailes, piscinas y calles en busca de conductas que consideraban pecaminosas. Algunas eran elegidas voluntariamente; otras eran impuestas por las propias familias que exigían disciplina. El régimen había delegado el control en los hogares, convirtiendo el ámbito doméstico en un espacio de vigilancia constante donde lo político se filtraba en lo íntimo sin necesidad de represión visible.

Cuando una joven era seleccionada, pasaba por manos de médicos que la analizaban para determinar si estaba "incompleta", es decir, si ya había tenido relaciones sexuales. Las fichas clínicas de la época, marcadas por una psiquiatría al servicio del régimen, clasificaban a las internas con términos como "imbéciles", "subnormales profundas", "oligofrénicas", "retrasadas mentales", diagnósticos de una subjetividad tan evidente que apenas merecen el nombre de ciencia. Las causas de encierro eran casi siempre las mismas: la pérdida de virginidad, la prostitución, el embarazo fuera del matrimonio. Mientras los hombres gozaban de libertad sexual sin castigo, las mujeres eran castigadas por lo que el régimen consideraba caídas. Una joven podía ser encerrada por tiempo indefinido, sin juicio, sin defensa, sin que se le imputara delito alguno.

Dentro de los conventos y reformatorios, el castigo era sistemático. Las internas tejían, bordaban y trabajaban bajo las órdenes de religiosas sin recibir jamás un salario. El silencio, la oración, el aislamiento y la desnutrición eran las herramientas del adoctrinamiento. Algunas mujeres llegaban embarazadas y sufrían partos en condiciones inhumanas; a otras les arrebataban el bebé al nacer. Las Adoratrices del Santísimo Sacramento y las Oblatas del Santísimo Redentor fueron entre muchas otras las congregaciones que administraban estas instituciones. El trabajo forzado continuaba incluso al borde de la gestación, un castigo que combinaba la explotación económica con la humillación moral.

Lo que hace el libro de Guillén, historiadora contemporánea y autora de la primera tesis doctoral sobre el Patronato, es rescatar del olvido una represión que ha sido mayoritariamente ignorada incluso después de la muerte del dictador. La institución no desapareció en 1975; continuó funcionando hasta 1985, ya bien entrada la democracia, porque la situación de las mujeres atrapadas en ella no generó suficiente presión política como para lograr su abolición. Peor aún: a partir de 1975, cuando el organismo dejó de publicar memorias oficiales a nivel nacional, el rastro documental se volvió difuso. Documentos desaparecieron, archivos se perdieron, y lo que pudo haber sido un registro sistemático de la represión se convirtió en un segundo agujero negro de encubrimiento y olvido.

Hoy, la infamia se documenta gracias a los testimonios de las víctimas que aún viven, a investigaciones como la de Guillén, y a documentos dispersos que historiadoras luchan por encontrar en un contexto de pérdida asombrosa de papeles. Consuelo García del Cid, una de las víctimas y activista que ha denunciado públicamente la institución, verá su testimonio llevado al cine este año. Hace poco, las propias protagonistas realizaron un acto de protesta ante la Conferencia Española de Religiosos cuando esta intentó ofrecerles un perdón que llegaba demasiado tarde. Otros libros han comenzado a documentar esta represión: Mujer, moral y franquismo de Lucía Prieto Borrego, Políticas de represión y punición de las mujeres de Pilar Iglesias Aparicio, entre otros. La literatura sobre el tema crece, pero el conocimiento público sigue siendo escaso.

Lo que queda claro es que hay mucho por descubrir aún. La dictadura murió, pero la institución tardó años en desaparecer, y sus registros desaparecieron con ella. Guillén advierte sobre las influencers contemporáneas que defienden el modelo de esposa sumisa y abnegada, recordando que esa condición fue impuesta en el franquismo mediante adoctrinamiento y punitivismo como el que representaba el Patronato. El libro abre la puerta a una memoria colectiva que aún tiene demasiadas cuentas pendientes, demasiadas historias sin contar, demasiadas vidas sin ser reconocidas.