El "orden legal" del caos político en Perú: una década de inestabilidad institucional

Perú ha tenido diez presidentes en una década. Esa cifra, por sí sola, resume el estado de la república. Ahora, con José María Balcázar en Palacio de Gobierno tras una sucesión que nadie describe como ordenada, el país marcha hacia nuevas elecciones generales con su principal garante institucional tambaleándose. Balcázar llegó al cargo por una vía irregular y enfrenta una crisis profunda de confianza en su propia base de poder. Es en este contexto donde Hernando de Soto ha aceptado la presidencia del Consejo de Ministros, un movimiento que el columnista caracteriza como patriótico pero también como un acto de riesgo calculado: acompañar a un mandatario de izquierda radical, prestándole el prestigio liberal que De Soto ha acumulado durante décadas.

Lo que hace particular esta crisis no es solo la inestabilidad, sino cómo esa inestabilidad se ha normalizado. El caos político peruano ha encontrado un acomodo dentro de los marcos legales existentes. Tiene, ahora, lo que el columnista llama un "orden legal" propio, incluso un "orden constitucional" que permite destituir presidentes y designar sucesores sin que esto se vea como lo que es: un quiebre de las reglas del juego democrático. Balcázar está donde está, y De Soto está donde está, porque existe un mecanismo legal que lo permite, aunque ese mecanismo sea cuestionable en su origen y en sus consecuencias.

Esta normalización del caos tiene raíces profundas. Cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso en 2019, lo hizo amparado en una interpretación de la ley. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia de Jorge Salas Arenas, admitió en 2021 la fórmula presidencial incompleta de Perú Libre con un solo vicepresidente, también lo hizo dentro de un marco legal, aunque ese marco fuera insuficiente o problemático. Cada acto de ruptura institucional encuentra su justificación legal, su pequeño orden dentro del caos.

La separación de poderes en Perú se ha vuelto tan confusa que es difícil saber si el país funciona bajo un sistema presidencialista o parlamentario. Cada poder en ejercicio busca su propio "orden legal" para imponer sus decisiones. El coordinador de Gabinete Ministerial se llama "primer ministro", aunque esa no sea su función real. El jefe del Estado en sucesión se llama "presidente encargado", aunque esa denominación oculte más de lo que revela sobre quién tiene realmente el poder. Las palabras se retuercen para acomodarse a realidades que no encajan en las categorías constitucionales.

Mientras tanto, el país dedica energía a combatir la minería ilegal y el crimen organizado, pero convalida el caos político porque ese caos tiene su propio "orden legal". Es un orden prefabricado, no el que está en la Constitución, pero funciona. Y funciona tan bien que adquiere derechos propios. Candidatos pueden postularse a la presidencia con sentencias penales no declaradas y con desbalances patrimoniales no explicados, y el Jurado Nacional de Elecciones no parpadea. El sistema ha aprendido a vivir con sus propias contradicciones.

Fernando Rospigliosi advirtió recientemente que la institucionalidad del país corre un riesgo grave e inminente de colapso. Hernando de Soto no es ajeno a esta institucionalidad, aunque Balcázar sí lo sea. El columnista sugiere que el "orden legal" del caos político es tan contagioso que cada actor político busca romper fácilmente las reglas frágiles del sistema democrático. Si esto continúa, si el caos sigue normalizándose dentro de marcos legales cuestionables, la estructura institucional peruana podría no resistir. De Soto, con su experiencia y su prestigio, tal vez pueda frenar ese desborde. O tal vez solo esté retrasando lo inevitable.