El nuevo curso del Supremo de EE.UU. entra en año decisivo con Trump atacando a sus jueces

El primer lunes de octubre marca tradicionalmente el comienzo del curso judicial en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, nueve meses de trabajo que definen el rumbo del país. Este año, ese lunes cae el 5 de octubre, y la corte abre con un caso de envergadura histórica sobre cambio climático originado en Colorado, donde gobiernos estatales y locales demandan a empresas energéticas por haber engañado al público sobre los daños de los combustibles fósiles. Pero la tradición judicial enfrenta un desafío sin precedentes: Donald Trump, de vuelta en el poder, ha transformado el funcionamiento de la más alta instancia judicial del país con una campaña de ataques públicos contra los magistrados que él mismo designó.

La relación de Trump con el Supremo ha sido siempre transaccional. Durante su primer mandato, nombró a tres jueces conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Esperaba lealtad incondicional. Lo que ha recibido, en cambio, es una mezcla de victorias y derrotas que lo ha llevado a insultar públicamente a sus propias designaciones. Cuando el tribunal tumbó su decreto sobre voto por correo, Trump escribió: "Estas no fueron las personas que entrevisté para el Supremo". Los llamó "imbéciles", "antipatriotas" y "perros falderos". Después de que rechazaran su intento de evitar un pago millonario a E. Jean Carroll, la escritora que lo condenó por abuso sexual y difamación, Trump declaró en una entrevista con la revista Time que lamentaba haberlos escogido. "Les di el trabajo de sus vidas, y votan contra mí siempre", afirmó, en una violación flagrante del principio de separación de poderes.

Esta tensión ocurre mientras el Supremo experimenta una transformación estructural en su funcionamiento. El tribunal ha aumentado dramáticamente el uso de procedimientos de emergencia conocidos como "expedientes en la sombra" (shadow dockets), decisiones que requieren poca deliberación, carecen de argumentación detallada y frecuentemente vienen sin firma. En el curso anterior al regreso de Trump, el Supremo estudió 55 casos por esta vía. En el curso que teóricamente terminó en junio pasado, 78. Durante los dos mandatos de Barack Obama, la Administración recurrió a estos procedimientos apenas tres veces. Durante el primer mandato de Trump, lo hizo 41 veces. Ahora, en su segundo mandato, el Supremo ha fallado a favor de la Administración en aproximadamente el 75% de estas solicitudes de emergencia, según Paul Collins, profesor de la Universidad de Massachusetts especializado en la politización del tribunal.

Esta carga de trabajo imprevista ha tenido consecuencias visibles. Los "expedientes de mérito", casos estudiados sin prisa mediante vistas orales seguidas de meses de deliberación, han caído de alrededor de 160 en los años ochenta a apenas 59 en el último curso. Mientras tanto, la popularidad del Supremo se ha desplomado a un mínimo histórico: solo el 33% de los estadounidenses aprueba su desempeño, según Gallup. El tribunal que en julio de 2024 reconoció una amplia inmunidad a Trump durante el ejercicio de su cargo, allanando su camino de vuelta al poder, ahora enfrenta cuestionamientos sobre su independencia institucional.

El nuevo curso presenta un calendario cargado de casos que tocarán los nervios más sensibles de la política estadounidense. Además del caso sobre cambio climático, hay dos casos cruciales sobre inmigración: uno examina la legalidad de deportar a inmigrantes indocumentados a terceros países, y otro cuestiona la constitucionalidad de la política de Trump de detener a inmigrantes indocumentados sin audiencias para fijar fianza, independientemente de cuánto tiempo lleven en el país. El tribunal también decidirá si un colegio de Colorado puede recibir financiación estatal a pesar de su política de no admitir estudiantes LGTBI o hijos de padres trans o gais. Y resolverá si prohibir la venta de armas semiautomáticas, capaces de disparar centenares de balas por minuto, contradice las protecciones de la Segunda Enmienda.

A esto se suma una lista de casos que podrían ser admitidos sobre la marcha: la regulación de mercados de predicción y la posible revisión del precedente que prohíbe enseñar los Diez Mandamientos en las escuelas públicas, ahora que Texas, Arkansas, Louisiana y Alabama han aprobado leyes que obligan a hacerlo. Pero quizás lo más significativo sea la avalancha de "expedientes de urgencia" relacionados con decisiones de Trump que aterrizarán en Washington conforme su Administración continúe empujando los límites del poder ejecutivo. El mes que falta hasta las elecciones y las semanas que sigan prometen ser intensas. Secretarios de Estado, abogados y organizaciones de derechos civiles están preparados en todo el país para contrarrestar los intentos republicanos de alterar las reglas de votación a través de los tribunales. Y la última parada, siempre, es el Supremo.