El narcotráfico sofistica el blanqueo con empresas de hostelería, testaferros y criptoactivos en el Estrecho

En julio de 2023, Mario García y Pascual Llopis decidieron ampliar el capital de una de sus sociedades que gestionaba dos restaurantes y un pub en El Puerto de Santa María. Cuando un nuevo socio potencial preguntó por WhatsApp a García sobre la naturaleza de la asociación, la respuesta fue directa: Pascual estaba allí solo para firmar. García, con un historial policial extenso por narcotráfico, necesitaba que otro nombre figurase en los papeles. Llopis, empresario consolidado en el sector del ocio nocturno portuense desde los años noventa, encajaba perfectamente en ese rol.

Esa conversación breve pero reveladora se convirtió en prueba clave cuando la Guardia Civil desmanteló la operación Sorela. Ambos hombres acabaron en prisión provisional, acusados de blanqueo de capitales vinculados al tráfico de hachís y cocaína, cohecho y malversación de fondos públicos. El caso ilustra una tendencia más amplia en el Estrecho: los narcotraficantes han sofisticado dramáticamente sus métodos para lavar dinero. Ya no recurren a las tácticas tradicionales de comprar inmuebles o vehículos directamente. Ahora construyen redes de empresas aparentemente legales, contratan testaferros de reputación establecida e invierten en sectores que manejan grandes volúmenes de efectivo.

La investigación de la Guardia Civil sobre García y Llopis abarcó más de 500 páginas y desentrañó un entramado de dieciocho personas jurídicas. La mayoría dependía de dos matrices: Tarifa Conceptual SL en una primera fase, y Pisgo de Inversiones SL después. Muchas de estas corporaciones estaban vinculadas a negocios de hostelería —chiringuitos como Margarita y Banana— mientras que otras, como Puro Latino SL y Luna Bahía SL, se dedicaban a festivales y buscaban contratos de patrocinio con la Diputación de Cádiz. Los investigadores entienden bien por qué los narcos prefieren estos sectores. La hostelería y la restauración manejan dinero en efectivo constantemente, tributan por tramos y permiten declarar ingresos facturados que se depositan en bancos sin levantar sospechas inmediatas.

Esta no es una estrategia nueva en la región. En julio de 2017, un empresario fue detenido después de haber construido una imagen de respetabilidad que le permitió obtener la concesión municipal de un local en Sancti Petri. En noviembre de 2021, un traficante de Sanlúcar compró un equipo de fútbol local y organizó conciertos de artistas internacionales. En febrero de 2022, otro narco de El Puerto enfrentó problemas legales tras participar en la construcción de un ostentoso beach club. Pero la sofisticación ha avanzado más allá de los bares y restaurantes. Según investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, los traficantes ahora compran vehículos en países europeos con regulaciones más permisivas sobre efectivo —Alemania es frecuente— y los revenden aquí, a menudo sin transferir títulos de propiedad, utilizando arrendamiento en su lugar. Durante los años más intensos del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, entre 2016 y 2020, era raro encontrar un traficante que no poseyera un gimnasio o un lavadero de vehículos a su nombre o al de un familiar.

Ahora, según los investigadores, prácticamente todos los traficantes, desde los más pequeños hasta los grandes operadores, se han volcado hacia las criptomonedas e inversiones cripto. Pero existe un nivel aún más sofisticado: el blanqueo de capitales como servicio profesional. José Carlos Sánchez Castro y su hermano Antonio recurrieron a expertos —despachos de abogados, asesores fiscales, a veces ubicados en terceros países— para lavar dinero con suficiente eficiencia como para pagar fianzas de prisiones provisionales. Cuando la policía investigó este caso, desvelado a principios de agosto, tuvo que analizar 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos solo entre 2022 y 2024. Las operaciones analizadas superaban los 532 millones de euros.

Cada escalón de complejidad delictiva multiplica la laboriosidad de la investigación. Los fiscales y policías advierten que estas pesquisas requieren análisis de cuentas, comisiones rogatorias internacionales, revisión exhaustiva de documentación y soportes informáticos. La investigación más rápida dura dos años. Pero los obstáculos no terminan en lo técnico. Los juzgados están saturados, los abogados defensores dedican recursos a invalidar pruebas más que a demostrar inocencia, y los retrasos procesales se acumulan. En un caso reciente de Barbate, hechos ocurridos en 2010 llegaron a juicio años después, terminando en una conformidad que evitó penas de cárcel a los investigados debido a dilaciones indebidas. Mientras tanto, García y Llopis permanecen en prisión provisional, y la vida nocturna veraniega sigue adelante en sus locales y festivales.