El mercado negro del padrón y las citas en Correos golpea a los inmigrantes en plena regularización

Nayeli Rivera, mexicana de 1995, entró a un grupo de Facebook de personas latinas en Madrid y publicó un mensaje pidiendo ayuda para empadronarse. A los pocos minutos tenía cientos de respuestas. Algunas ofertas rondaban los 400 euros y otras eran más baratas, hasta que una joven le recomendó a alguien que, según ella, la había ayudado con el trámite. Rivera le pagó 150 euros por adelantado. En el piso donde vive no le permitían sacar el padrón, y la persona le había garantizado que lo resolvería. La estafaron.

Su caso se produce en pleno proceso de regularización de 500.000 inmigrantes. Las solicitudes telemáticas se abrieron el 16 de abril, las presenciales el 20, y la documentación puede enviarse hasta el 30 de junio. Para acogerse, hay que acreditar que se estaba en situación irregular antes del 1 de enero de 2026 o haber pedido protección internacional en España. Rivera cumple el primer requisito: llegó el año pasado a estudiar, ha permanecido en Madrid al menos cinco meses y no tiene antecedentes penales. Si la solicitud prospera, podrá legalizar su estancia y trabajar. Hasta ahora solo ha encontrado empleo sin contrato. Limpia baños y cobra bastante menos de 9 euros la hora, y dice que acepta porque es lo único que tiene.

No existe una cuantificación de las personas estafadas buscando un padrón ni del dinero que mueve esta venta ilegal. Las víctimas suelen callar: creen que no les corresponde, que no tienen derecho y que, si las engañaron, la culpa es suya. Por eso en la mayoría de los casos no hay denuncia. Rivera, que pensaba que las estafas eran cosa de América Latina, dice que descubrió que en Europa también ocurren.

La colombiana Carol Escobar, de 1990, vivió algo parecido. Llegó a Madrid a mediados de 2025 para buscar piso para ella y su hijo de dos años. Casi todos le pedían pagos por adelantado y sin contrato. Acabó contactando con una mujer venezolana que le alquilaba un piso por 1.500 euros; además de la mensualidad, tuvo que pagar una fianza y una comisión por el mismo importe. Ya dentro, la mujer no le permitía empadronarse. Escobar investigó y descubrió que la mujer subarrendaba: los dueños le dijeron que no podían hacer nada y que el alquiler real era de 950 euros. Cuando la confrontó, la mujer desapareció. Escobar calcula que le robó 3.000 euros y le impidió empadronarse para regularizarse con su familia.

El método de estas redes suele repetirse. Rastrean publicaciones de personas que buscan padrón y cobran hasta 350 euros por un trámite que es gratuito y un derecho de cualquier residente. Una publicación del tipo «Busco padrón. Es urgente. Pago lo que sea necesario» atrae primero advertencias de otros usuarios y luego ofertas. Sebastián V., ecuatoriano que también fue inmigrante y ya tiene documentos, pregunta para cuántas personas es el empadronamiento. Dice que se encarga de sacar la cita cuando le conviene y que cobra 350 euros. Admite que no es la primera vez y que en los grupos lo recomiendan. Precisa que el empadronamiento dura unos tres meses, lo justo para regularizarse. Además, asegura a sus clientes que sin padrón no pueden presentar la solicitud, lo cual es falso: basta cualquier documento que pruebe la residencia desde la fecha exigida, como un carné de biblioteca, un abono de transporte público o una compra a su nombre.

El segundo mercado negro es el de las citas en Correos para entregar los documentos en persona, también un trámite gratuito. Escobar no ha logrado ninguna: por los canales oficiales hay muy pocas, y al pulsar reservar ya han desaparecido. Fuentes policiales atribuyen esto al aumento del acaparamiento de citas para revenderlas, una práctica que no es nueva y que ya se vio en otros procesos administrativos. Las mafias suelen emplear un programa automatizado que reserva un gran número de citas. A Escobar le ofrecieron una en un locutorio de Madrid por 600 euros, dinero que no tiene.

Rivera y Escobar siguen en el proceso con la esperanza de una vida mejor, y coinciden en que a veces no les queda más remedio que recurrir al mercado negro para conseguir el padrón o una cita. Con el plazo abierto hasta el 30 de junio, queda por ver si las autoridades refuerzan el control sobre el acaparamiento de citas.