El mercado negro de citas en Extranjería: mafias con 'bots' acaparan trámites esenciales

Celi, peruana, pasó dos meses refrescando obsesivamente la página web de citas de la Oficina de Extranjería madrileña. Descargó aplicaciones que le alertaban sobre espacios disponibles. Nada funcionó. Al final, a través de una amiga, compró una cita por ochenta euros a alguien cuya identidad desconoce. Ahora espera en la cola de la calle Pradillo junto a decenas de inmigrantes más, papeleta en mano.

Analí, venezolana, pasó tres meses llamando al teléfono del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Ella y dos familiares más. "Es desesperante, estás todo el día, hay que tener mucha paciencia", dice. Tuvo suerte: su resolución de asilo salió favorable sin necesidad de pagar. Pero no sabe nada de la de su hijo. Vino a que le digan.

María, sudamericana perseguida en su país de origen, se tiró meses esperando ser atendida por la Administración. Funcionarios públicos con los que habló le reconocieron que lo más práctico era comprar la cita. Ella pagó cuatrocientos euros porque le urgía. "Fue desesperante", recuerda.

Lo que une a estas historias es un colapso administrativo que ha generado un mercado negro paralelo. Las mafias utilizan bots informáticos que se quedan con decenas de citas cada día en las oficinas de Extranjería, comisarías y registros civiles. Cuando salen cuarenta o cincuenta espacios disponibles por jornada, estos programas los acaparan instantáneamente. Los inmigrantes, entonces, no tienen opción: o esperan indefinidamente o pagan. Los precios fluctúan entre ochenta y quinientos euros según la urgencia y la demanda del momento. Las citas se venden en grupos de Facebook y Telegram, en Wallapop, en Milanuncios, en locutorios. Es un negocio organizado que prospera en la desesperación.

Abogados especializados en Extranjería, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el sindicato UGT coinciden en que el sistema "está colapsado". Vicente Martín, abogado del despacho Parainmigrantes.info, ha documentado casos donde personas pagaron cuatrocientos o quinientos euros por una única cita de asilo. Recomienda que se vuelva a un modelo de atención presencial sin cita previa, porque hay oficinas de Extranjería que permanecen vacías mientras el sistema telemático se desmorona.

La raíz del problema es estructural. España recibe entre ciento sesenta mil y ciento ochenta mil solicitudes de asilo anuales, siendo el tercer país de la Unión Europea que más recibe después de Francia y Alemania. No hay capacidad material en las oficinas para procesarlas. Mauricio Valiente, presidente de CEAR, subraya que esto es "particularmente grave" porque si un inmigrante no logra manifestar su voluntad de pedir asilo ante la Administración, queda excluido de las medidas de acogida: prestaciones del Ministerio de Inclusión, plazas en centros de acogida, cursos de orientación laboral. Sin la cita, sin el trámite, sin el papel, la persona queda en el limbo legal.

Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia y Andalucía son las comunidades donde el problema es más grave. Desde CEAR piden una mayor dotación de personal y mecanismos que combinen lo telemático con lo presencial. Valiente propone al menos un procedimiento simplificado que permita al inmigrante manifestar su intención de solicitar asilo y recibir un resguardo que le dé seguridad jurídica mientras se procesa su caso. UGT, por su parte, exige una auditoría sobre las brechas de seguridad del sistema y medidas robustas como CAPTCHA avanzado o verificación por SMS para asegurar que solo personas físicas accedan a las citas. Lo que está en juego es el acceso a un servicio público que determina si alguien puede permanecer legalmente en el país.