El lawfare estadounidense: la judicialización de la agresión imperial

En los tribunales de Nueva York, una escena se repite: un presidente en funciones y su esposa comparecen ante jueces estadounidenses, los ojos vendados, encadenados, vestidos como delincuentes comunes. Lo que se presenta como justicia es, en realidad, el despliegue crudo de una asimetría de poder que erosiona los cimientos del derecho internacional construido después de 1945. No se trata de un proceso penal ordinario, sino de la teatralización de un acto de fuerza disfrazado de legalidad procesal.

Desde una perspectiva técnico-jurídica rigurosa, lo que ocurrió antes del juicio no puede llamarse captura policial. Fue secuestro internacional ejecutado mediante intervención armada, sin base normativa válida, en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2.4 de esa Carta —norma de ius cogens, la más alta jerarquía del derecho internacional— prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cuando un proceso judicial nace de una agresión armada ilícita, su estructura jurídica queda contaminada desde el origen. No es un error procesal; es una prevaricación estructural.

El tribunal neoyorquino actúa bajo una carencia absoluta de competencia. Aquí entra en juego un principio fundamental del derecho internacional: par in parem non habet imperium. Literalmente significa que entre iguales no existe potestad de mando o jurisdicción. No es una frase solemne ni una cortesía diplomática. Es una regla estructural inseparable de la idea de igualdad soberana de los Estados. De este principio deriva la inmunidad ratione personae del jefe de estado en funciones: ningún Estado puede someter a otro Estado, ni a sus máximas autoridades, a su jurisdicción penal interna sin destruir el equilibrio fundamental sobre el cual descansa la comunidad internacional. Estados Unidos, al desconocer esta doctrina consolidada y esta regla consuetudinaria, no ejerce derecho. Impone arbitrariedad. Pretende erigir su legislación interna como norma universal de aplicación planetaria, reeditando la lógica colonial bajo forma judicial.

Esta estructura es radicalmente nula conforme al principio ex injuria jus non oritur: del acto ilícito no nace derecho. Ninguna consecuencia jurídica válida puede derivarse de una violación grave del derecho internacional. Un proceso que nace de secuestro político de una autoridad protegida por inmunidad absoluta carece de fundamento jurídico. La fijación de audiencias, la prolongación de la privación de libertad, la persistencia en un expediente viciado de nulidad absoluta no expresan legalidad. Expresan la prolongación deliberada de la ilegalidad.

Pero la aberración jurídica se entrelaza con la degradación humana. El trato infligido al presidente —presentado con los ojos vendados, engrilletado, vestido como reo común— no es protocolar ni inocente. Constituye una agresión simbólica y política destinada a despojar a la Jefatura de Estado de su investidura, a degradar su dignidad institucional, a rebajar al representante de un Estado soberano al rango de criminal ordinario. Esa puesta en escena busca producir efectos psicológicos y políticos internos y externos. Viola principios elementales de respeto a la persona y quebranta gravemente el derecho internacional. El trato dispensado a su esposa añade otra dimensión de crueldad: negación de asistencia médica adecuada, exposición pública de lesiones, utilización comunicacional del sufrimiento. Al haber sido detenidos en el contexto de una operación militar ilícita, lo mínimo jurídicamente exigible es su protección bajo estatus de prisioneros de guerra conforme a la III Convención de Ginebra. La humillación no es exceso operativo. Es una herramienta consciente de guerra psicológica.

Esta es una regresión histórica. El sistema judicial estadounidense ha dejado de actuar como árbitro para convertirse en brazo operativo de la política exterior imperial. Se sustituye la diplomacia por la sentencia, el diálogo por la coerción judicial, el derecho por la fuerza travestida de tribunal. Allí donde debía existir seguridad jurídica internacional, emerge la arbitrariedad geopolítica. Donde debía haber igualdad soberana, aparece subordinación. Donde debía haber derecho, se instala la razón imperial.

La defensa de la inmunidad soberana en este caso no es un asunto exclusivamente venezolano. Es una trinchera jurídica de alcance universal. Aceptar este precedente equivale a destruir la igualdad entre los Estados, a convertir a una potencia en juez planetario, a reinstalar con ropaje contemporáneo el viejo orden colonial. Es la negación práctica del derecho de gentes. La única salida compatible con el derecho internacional es la nulidad absoluta de las actuaciones, la liberación inmediata y la repatriación. Porque en Nueva York no se está juzgando a un hombre y a una mujer. Se está juzgando la vigencia del orden jurídico internacional, la dignidad de los pueblos y la posibilidad misma de que el derecho continúe siendo límite del poder y no simple instrumento de su violencia.