El impuesto estatal a las grandes fortunas frena las mudanzas de ricos entre comunidades, pero dispara la ingeniería fiscal

Durante años, la geografía fue la principal herramienta fiscal de las grandes fortunas españolas. Entre 2016 y 2022, la Comunidad de Madrid, que aplicaba una bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, registró sin interrupción un saldo neto positivo de contribuyentes ricos: llegaban más fortunas de otras regiones de las que se marchaban. En 2023 esa serie se rompió por primera vez.

Lo cuenta un estudio que el World Inequality Lab publicó este martes, titulado Tributación de la riqueza: ¿centralizada o descentralizada? Evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas. Lo firman los investigadores Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano, que trabajaron con datos de la Agencia Tributaria entre 2016 y 2023. Según sus cifras, 2023, el primer año completo con el impuesto estatal plenamente operativo, Madrid anotó un balance negativo entre los contribuyentes con un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros, el umbral desde el que se aplica el gravamen. Es decir, salieron más fortunas de las que entraron.

El cambio tiene su origen en la decisión del Gobierno central, a finales de 2022, de crear el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Funciona con un esquema parecido al de patrimonio, pero la recaudación va a Hacienda y no a las comunidades. Eso alteró los incentivos: como los ricos iban a pagar de todos modos, gobiernos autonómicos como el madrileño dejaron de bonificar el impuesto original para quedarse con un dinero que, de otro modo, habría ido a la Administración central. En la práctica, mudar la residencia fiscal dejó de servir para esquivar la factura.

El nuevo tributo incorporó a cientos de altos contribuyentes que antes no pagaban nada. Solo en Madrid aporta casi 600 millones de euros al año, y la recaudación nacional llegó a casi 2.000 millones en 2023 y superó los 2.100 millones un año después.

Petrov, coautor del informe y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, matiza por teléfono que aún es pronto para atribuir el fin de las mudanzas exclusivamente al impuesto, porque habrá que comprobar si la tendencia se sostiene en los próximos años. Aun así, sostiene que todo apunta a una relación directa y prevé que los movimientos de grandes fortunas entre comunidades se vayan estabilizando poco a poco.

La competencia fiscal entre territorios, advierten los autores, no ha desaparecido. Como el suelo estatal solo actúa a partir de 3,7 millones, muchos declarantes con entre 700.000 euros y esa cifra quedan fuera. En Madrid o Andalucía, que bonifican al 100% ese tramo, siguen pagando cero euros. Según Petrov, el esquema deja margen para que los gobiernos regionales continúen ofreciendo ventajas a esos contribuyentes.

Por otro lado, cerrar la puerta de las mudanzas no cortó las estrategias fiscales de los más ricos: las trasladó de la geografía a la contabilidad. Los más ricos de Madrid redujeron en casi un 6% el patrimonio neto gravable que declararon en 2023, en comparación con otras regiones. Petrov sostiene que no fue una desinversión real, sino una reorganización de activos para aprovechar las exenciones, sobre todo la de la empresa familiar. Entre las fórmulas están aportar bienes personales al capital de sociedades no cotizadas o adaptar los salarios de dirección. Los autores estiman que esta ingeniería fiscal restó unos 73 millones de euros a las arcas públicas de Madrid en 2022 y 2023.

Las simulaciones del informe apuntan al peso de esas exenciones: en la cima de la riqueza, las participaciones empresariales son la parte sustancial del patrimonio. Si se eliminara la exención de los activos empresariales, la recaudación conjunta del impuesto en España se duplicaría con creces, hasta casi 5.000 millones de euros anuales. Para Petrov, ello muestra que los agujeros del diseño legal limitan de forma notable el potencial recaudatorio del tributo.