El gran encubrimiento: cómo las tecnológicas ocultan el verdadero coste de la IA en Europa

Desde hace más de un año, un grupo de periodistas coordinados por Lighthouse Reports ha estado pidiendo a las autoridades europeas un conjunto de números que, en teoría, deberían ser públicos. Se trata de cifras básicas: cuánta energía consumen los centros de datos de la Unión Europea, cuánta agua utilizan, qué porcentaje proviene de fuentes renovables. Datos que afectan directamente a 450 millones de ciudadanos. Hasta ahora, Bruselas y los gobiernos nacionales han respondido con un muro de silencio.

La razón oficial es el secreto comercial. Desde 2024, la directiva de eficiencia energética obliga a los centros de datos europeos con más de 500 kilovatios a reportar información sobre su sostenibilidad a las autoridades nacionales. Estas, a su vez, deben enviarla a la Comisión Europea, que ha creado un portal público con datos agregados. El problema es que una cláusula controvertida, incluida en el acto delegado que acompañó a la directiva, clasifica los indicadores individuales de cada centro como información especialmente sensible desde el punto de vista comercial. Bajo este argumento, la Comisión ha rechazado todas las solicitudes de acceso, alegando que revelar estos datos socavaría gravemente los intereses comerciales de las empresas tecnológicas.

Lo que hace esta postura particularmente notable es que contradice lo que está sucediendo sobre el terreno. En Países Bajos, las autoridades de transparencia han obligado a publicar estos datos con garantías de anonimato. En Francia, tras una apelación, el ministerio retiró nombres y direcciones de instalaciones y mezcló los valores reportados. En Italia, una apelación inicial forzó la publicación de informes con datos agregados que habían sido ocultados. Pero en España, el Ministerio de Transición Ecológica respondió en marzo que la información no está en su poder porque las tecnológicas remiten sus datos directamente a Bruselas, un argumento que contradice la propia norma europea y que otros países como Dinamarca, Lituania y República Checa también han utilizado.

La escala del despliegue que se está ocultando es sin precedentes. En apenas unos años, Aragón se ha convertido en lo que la industria llama una tierra prometida. Amazon Web Services comenzó a operar aquí en 2022 con tres campus propios y ya ha anunciado dos expansiones más. Microsoft tiene una red de campus aprobados. La lista de proyectos con permisos concedidos incluye a QTS Data Centers, Merlin Properties, ACS, Azora y Forestalia. En Irlanda, donde la industria llegó una década antes, uno de cada cuatro vatios consumidos en el país se destina ya a los centros de datos. El regulador energético prohibió nuevas conexiones en 2021 por la demanda excesiva, levantó la moratoria en 2024 pero con requisitos estrictos de autoconsumo. La oposición ciudadana y la escasez de suelo han comenzado a frenar la expansión.

Los números que se conocen sugieren por qué las empresas quieren mantener el resto en secreto. En 2024, solo el 36 por ciento de los centros de datos de la Unión Europea enviaron sus datos durante el primer período de análisis obligatorio. Cuando se actualizaron las cifras del portal con datos de 2025, sucedió algo sorprendente: comparado con 2024, menos centros reportaron información en el conjunto de la UE, pero los que sí lo hicieron utilizaron un 25 por ciento más de energía y un 50 por ciento más de agua que el año anterior. Documentos internos de la Comisión obtenidos en esta investigación muestran que se pidió a los estados miembros que presentaran informes incluso con datos parciales o sin ellos, para que más países aparecieran en el recuento público.

Esta opacidad no es accidental. En abril de este año, una investigación de Investigate Europe reveló cómo Microsoft y DigitalEurope, la patronal que agrupa a las grandes tecnológicas en el continente, presionaron de forma decisiva para incluir la cláusula de confidencialidad. El análisis de las acciones de lobby del sector muestra un fuerte aumento del gasto, con organizaciones como la Asociación Europea de Centros de Datos y empresas energéticas como Schneider Electric en posiciones altas, dominadas claramente por la filial europea de Amazon. En septiembre, la Comisión presentó una herramienta para fiscalizar a los grandes centros de datos: desde 2027 deberán llevar una etiqueta similar a la de los electrodomésticos, con una escala de la A a la G sobre eficiencia. Pero esta etiqueta no mostrará cifras reales de consumo, sino promedios relativos. Un centro de datos gigantesco que consume enormes cantidades de agua y electricidad podría obtener la misma calificación que uno más pequeño si es eficiente, un defecto evidente que los expertos señalan como insuficiente.

Esta semana, Lighthouse Reports ha interpuesto un recurso contra la Comisión Europea al amparo del Convenio de Aarhus, un tratado internacional jurídicamente vinculante que protege el acceso de la ciudadanía a la información medioambiental. Se trata del primer desafío legal ante el muro de opacidad. En la denuncia, Lighthouse argumenta que tratar de forma genérica como confidenciales los consumos de los centros de datos viola los principios del tratado. El convenio ha servido en otros casos para forzar la divulgación de información, como en el escándalo de las emisiones de Volkswagen. La denuncia apunta a fallos críticos en cuatro niveles: la ocultación de los daños medioambientales actuales del sector en Europa, la imposibilidad de comprender las decisiones que se tomarán en base a esos datos y de exigir responsabilidades, la incapacidad de otras regiones para analizar las implicaciones de esta industria, y las dificultades que todo ello supone para ganarse la confianza de la opinión pública sobre la inteligencia artificial y su infraestructura. Lo que está en juego es si Europa puede obligar a sus propias instituciones a cumplir con sus propias reglas.