El Gobierno suaviza las exigencias renovables a los centros de datos, pero mantiene la correlación horaria

El Gobierno ha enviado al Consejo de Estado una nueva versión de su borrador de decreto para regular los centros de datos. El texto, que se conoció en la noche del domingo, ha decepcionado al sector, que esperaba una suavización real de las medidas más polémicas, sobre todo las impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen.

La nueva redacción incluye cambios que, a primera vista, rebajan las exigencias. Pero conserva las medidas más controvertidas del borrador inicial, y los promotores advierten de que eso puede hacer inviable el desarrollo futuro de estas instalaciones en España. Los responsables del sector no han tenido tiempo de estudiar el texto a fondo, aunque en una primera lectura algunos de los principales directivos de promotoras consideran que mantiene los requisitos más difíciles y caros de cumplir.

El núcleo del problema es la correlación horaria. El decreto obliga a que hasta el 80% del consumo de cada centro de datos se cubra con energía renovable, y exige acreditarlo hora a hora, durante las 24 horas del día. Ahí está la dificultad: por la noche no hay energía solar. Cumplirlo obliga a sobredimensionar la alimentación renovable e instalar baterías que se carguen con ella, lo que dispara los costes de cada proyecto y, en muchos casos, lo hace inviable.

La nueva versión permite evitar de entrada ese 80% y acogerse a un periodo transitorio de cinco años. Hasta el 31 de diciembre de 2028 la exigencia sería del 60% de energía renovable, y del 70% en 2029, 2030 y 2031. Según el sector, sin embargo, el porcentaje menor no resuelve nada si se mantiene la correlación hora a hora: el promotor sigue teniendo que diseñar el suministro para cubrir la peor hora, la nocturna.

Además, para acogerse a este régimen transitorio, los centros de datos deben incorporarse obligatoriamente a un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite al operador del sistema desconectarlos automáticamente cuando sea necesario. Esa interrumpibilidad, cada vez más frecuente por los problemas de la red eléctrica, crearía una contradicción: los centros tendrían que arrancar a menudo sus grupos electrógenos diésel, que emiten CO2 y son muy ruidosos, algo problemático para los situados en zonas urbanas rodeados de viviendas.

Hay cambios que suavizan el borrador, aunque de forma insuficiente según los promotores. El decreto se aplicará ahora a centros de 10 MW de consumo o más, y no desde 1 MW como en un principio, de modo que los más pequeños, que trabajan sobre todo para pymes, podrían quedar exentos. También se amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de las plantas renovables que alimenten estos centros, una exigencia pensada para forzar la creación de generación nueva y adicional. Los promotores replican que no tiene sentido vetar plantas de más edad, que en muchos casos desperdician energía renovable por falta de demanda.

Lo que está en juego, según Spain DC, la patronal de promotoras de centros de datos, es mucho: entre 2026 y 2030 había inversiones comprometidas de hasta 67.000 millones de euros, y de aplicarse el decreto hasta el 90% estaría en riesgo de irse a países como Portugal o Francia.

El envío al Consejo de Estado indica que el Gobierno quiere cumplir lo anunciado por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López: aprobar el decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El propio texto de la noticia subraya que ni la situación de los centros de datos en España ni su regulación exigen esa vía de urgencia. Habrá que ver si el dictamen del Consejo de Estado y las alegaciones del sector tocan la correlación horaria antes de la aprobación.