En el cruce entre la memoria histórica y el cálculo político, el Gobierno español y el Tribunal Supremo libran una batalla de legitimidades en torno a la llamada ley de nietos. Lo que nació como una reparación a los descendientes del exilio republicano se ha convertido en campo de disputa sobre los límites del poder judicial y la pureza de las intenciones legislativas. Desde La Moncloa acusan a los magistrados de propagar un 'bulo' sobre supuesta ingeniería electoral, mientras el Supremo persiste en su escrutinio de una norma que podría otorgar la nacionalidad a cientos de miles de personas. E