El Gobierno inicia los «martes sociales» con mejoras en prestaciones por viudedad, incapacidad y violencia de género

El Gobierno ha decidido convertir cada martes de Consejo de Ministros en una vitrina de medidas sociales hasta las elecciones del 29 de noviembre. La estrategia, bautizada internamente como «martes sociales», responde a un compromiso que Pedro Sánchez hizo el mismo día que convocó los comicios: seguir gobernando hasta entonces. Esta semana arranca con un decreto ley del Ministerio de Seguridad Social que toca a varios colectivos vulnerables de forma simultánea, ampliando derechos que habían quedado pendientes durante la legislatura.

El mecanismo que el Ejecutivo ha elegido es deliberado. Los decretos ley pueden ser convalidados por la diputación permanente del Congreso en lugar del pleno, lo que neutraliza el veto de Junts y deja solo la necesidad de convencer a la izquierda y al PNV. Hace dos semanas ya usó este camino con medidas de vivienda. Ahora lo replica con un paquete más amplio que toca prestaciones de viudedad, incapacidad, violencia de género y terrorismo.

Para las mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia, la incapacidad temporal se amplía. Las víctimas de violencia de género recibirán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja, y del 75% a partir de entonces. La empresa paga el primer día; desde entonces, la Seguridad Social asume el coste. Los padres y madres de menores con cáncer o enfermedades graves podrán recibir la prestación de forma alternativa o simultánea, y en casos de vulnerabilidad extrema, cuando el menor presente dependencia de grado III o discapacidad especialmente severa, la prestación se mantiene más allá de los 26 años.

Las parejas de hecho acceden ahora más fácilmente a pensiones de viudedad: la existencia de hijos en común basta para acreditar la realidad de la pareja, algo que hasta ahora generaba denegaciones. El Gobierno revisará en los próximos doce meses todas las solicitudes que fueron rechazadas. Las pensiones extraordinarias por actos terroristas suben significativamente: ninguna podrá estar por debajo de dos salarios mínimos, lo que representa un aumento del 36% respecto a la cantidad anterior, que se había quedado desfasada. Los huérfanos y huérfanas por violencia de género ven mejoradas tanto sus prestaciones contributivas como las no contributivas, con un suelo de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional.

El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se amplía también: la cuantía máxima de anticipos por beneficiario se triplica, pasando de 100 a 300 euros, y se extiende su duración para proteger a menores cuando un progenitor incumple sus obligaciones. Detrás de estas medidas hay un cálculo político explícito. Mientras Alberto Núñez Feijóo habla de «sacrificios» y apunta a posibles recortes, el Gobierno quiere mostrar que su proyecto es el opuesto: seguir mejorando derechos y aumentando el gasto social dentro de los márgenes que permitan las cuentas públicas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, insiste en que el déficit está controlado y la deuda pública sigue bajando desde el 120% que alcanzó en pandemia hacia por debajo del 100% actualmente. Aunque es cierto que antes de la crisis de 2008 estuvo por debajo del 40%, el Gobierno sostiene que hay margen fiscal para estas ampliaciones. En las oficinas de Hacienda, Presidencia y el Gabinete del presidente Félix Bolaños, circula lo que internamente llaman una «carta a los reyes magos»: todos los ministerios han presentado sus prioridades para estas últimas semanas antes de las elecciones, intentando meter adelante lo que quedó en suspenso cuando se convocó el 29-N.

El hito más importante es la subida del Salario Mínimo Interprofesional alrededor del 5%, que prepara Yolanda Díaz. Justo después de las elecciones, aunque no hay tiempo antes, vendrá la subida de pensiones con el IPC. Hay muchas cosas ya decididas para las próximas semanas, pero también otras en plena discusión interna. Los ministros presionan por sus temas, hay choques entre carteras de Sumar y del PSOE con visiones diferentes, como es habitual. Lo que está claro es que la actividad será muy fuerte hasta noviembre. Entre las cuestiones pendientes no solo hay medidas sociales, sino también otras más políticas, como el probable indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a quien el Gobierno considera condenado injustamente a dos años de inhabilitación.