El Gobierno incumple nuevamente el plazo constitucional para presentar los Presupuestos de 2027

Con apenas veinticuatro horas para que venza el plazo constitucional, el Gobierno español reconoce que no tendrá listos los Presupuestos de 2027. Es la primera vez que el Ejecutivo incumple de manera abierta el mandato del artículo 134 de la Constitución, que exige presentar un proyecto de ley presupuestaria al menos tres meses antes de que expire el anterior. El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar este incumplimiento, marcando un precedente sin antecedentes en la historia democrática reciente del país.

Las cuentas públicas que hoy rigen España fueron aprobadas hace tres años, en diciembre de 2023. Desde entonces se han prorrogado año tras año, mientras el Gobierno ha prometido en repetidas ocasiones que presentaría nuevas cuentas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, llegó a sugerir en julio que octubre sería un horizonte "razonable" para la presentación. Más recientemente, el Ejecutivo ha defendido que registrará los presupuestos "antes de que acabe el año", aunque la Ley Fundamental establece que el plazo vence el miércoles 30 de septiembre. Fuentes del Gobierno reconocen sin ambages que no cumplirán esa fecha.

El retraso ocurre en un momento de tensión política aguda. La crisis de la vivienda ha generado malestar social tras el desahucio de una mujer de 87 años la semana anterior, y la emergencia en Ceuta reclama atención inmediata. Pero la razón más profunda del incumplimiento radica en la fragilidad de las mayorías parlamentarias. El Gobierno carece de garantías de apoyo de sus socios de investidura. Junts, en particular, no ha comprometido su respaldo, y tampoco Podemos ofrece seguridades. En La Moncloa justifican el retraso argumentando que la prioridad es elaborar un decreto de vivienda que satisfaga a todos los socios y pueda ser convalidado en el Congreso.

La historia presupuestaria reciente ilustra esta fragilidad. Los últimos presupuestos aprobados en tiempo y forma fueron los de 2023, que recibieron respaldo de una coalición amplia: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, Compromís y PRC. Esa mayoría ya no existe. El Consejo de Ministros aprobó ese proyecto el 4 de octubre de 2022, apenas dentro del plazo constitucional. Desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a presentar unas cuentas públicas a las Cortes. Incluso en legislaturas anteriores, cuando sí presentó presupuestos, el Ejecutivo incumplió los plazos por unos pocos días.

La tramitación presupuestaria sigue un calendario preciso. Comienza con la orden ministerial de elaboración, seguida de la fijación del techo de gasto y la senda de déficit. Solo entonces Hacienda puede presentar el borrador al Consejo de Ministros y enviarlo a las Cortes. Hasta ahora, el Gobierno ha cumplido solo con los dos primeros pasos. En junio publicó la orden ministerial. En julio aprobó el techo de gasto, fijado en 226.032 millones de euros, y también la senda fiscal que marca los límites de déficit para los distintos subsectores de la Administración pública. Pero aquí se produjo un revés sin precedentes: el Congreso rechazó la senda fiscal en dos votaciones consecutivas, con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

Este rechazo abrió un escenario inédito. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es clara: el Gobierno necesita una senda fiscal en vigor para continuar el trámite. Sin embargo, no especifica qué ocurre si esta es rechazada dos veces. En ocasiones anteriores, tras el rechazo, Hacienda desistió de continuar. Esta vez, el Gobierno asegura que seguirá adelante. Según la tesis que defiende, respaldada por un informe de la Abogacía del Estado, el rechazo parlamentario de los objetivos fiscales no anula la referencia de déficit comunicada a Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. El Ejecutivo sostiene que la obligación constitucional de presentar presupuestos cada año pesa más que el bloqueo parlamentario.

La dilación del proceso beneficia al Gobierno de otra manera. Si los presupuestos llegan al debate de enmiendas a la totalidad, existe un riesgo real de que sean rechazados. Ministros y dirigentes del PSOE y Sumar consideran probable este escenario. Si ocurre, aumentaría la presión para que el presidente convoque adelanto electoral en los primeros meses de 2027. Mientras tanto, La Moncloa gana tiempo cuanto más se dilate el proceso, mientras los partidos se preparan ya para unas legislativas en febrero o marzo. Una fuente gubernamental reconoce que las fechas de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que podrían amnistiar al 100% a Carles Puigdemont "son las que son y marcan los plazos y el contexto" de la aprobación de los presupuestos. Pero valora como "positivo" que Junts ya se haya sentado a negociar el decreto de vivienda.