El Gobierno de Ayuso pagó 6,3 millones por un ático que venderá meses después

En abril pasado, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros. La operación, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, nunca apareció en los portales de transparencia de la región ni en las cuentas anuales de la compañía. No había memoria justificativa, no había ampliación presupuestaria. Cuando se preguntaba a Ayuso por el precio, eludía la respuesta. Hace poco más de una semana, cuando este periódico reveló la compra, la Comunidad anunció que vendería el inmueble días después.

El ático ocupa 485 metros cuadrados en Chamberí, con una terraza de 200 metros cuadrados, cinco habitaciones, seis baños y vistas al skyline madrileño. La inmobiliaria Promora, una empresa de lujo afincada en La Moraleja, lo publicó a finales de enero con un precio de 6,6 millones. El precio final fue 300.000 euros menor. Promora se llevó una comisión del 3 por ciento: 189.000 euros que corrieron a cargo del vendedor. La empresa tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y se le pidió discreción durante toda la operación.

La decisión de canalizar la compra a través de Planifica Madrid, en lugar de hacerlo directamente, encareció la operación de forma significativa. A los 6,3 millones del ático hay que sumar 378.000 euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Este tributo existe precisamente porque la compra no la realizó directamente la Comunidad de Madrid, sino una sociedad mercantil de capital público que tributa como cualquier otra empresa. La legislación reconoce exenciones fiscales a la Administración autonómica, pero esas exenciones no se aplican automáticamente a las sociedades mercantiles públicas. Aunque el dinero vuelve a las arcas autonómicas a nivel contable, la operación generó un gasto que de otro modo no habría existido.

Cuando se preguntó por qué se hizo la compra a través de Planifica Madrid, una portavoz del Gobierno respondió que la empresa pública tiene por objeto la gestión del patrimonio inmobiliario de la Comunidad y que está dentro de sus competencias. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente del consejo de administración de Planifica Madrid, afirmó hace poco que todas las operaciones de la empresa constarían en sus memorias de actividades y que el Gobierno sí rinde cuentas y es transparente. Fue él quien anunció, día y medio después de que se destapara la compra del ático, que lo venderían junto con otros cuatro inmuebles en la Gran Vía para ayudar a la reconstrucción de la Sierra Oeste, devastada por incendios. El Gobierno espera obtener entre 20 y 22 millones de euros de esas ventas.

Pero la operación ha generado preguntas que ni la presidenta ni García Martín han resuelto. Un abogado llamado Javier Flores ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue una posible responsabilidad contable por menoscabo de fondos públicos. Su argumento es que se eligió el camino más caro y el menos visible: comprar un inmueble para uso público a través de una sociedad mercantil, sin los procedimientos ordinarios que exige la ley. Cuando la Administración necesita un inmueble, el procedimiento habitual pasa por la Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Hacienda y exige un expediente administrativo completo con propuesta razonada e informe justificativo. Si la compra es directa y por urgencia, la ley exige autorización expresa del consejero de Hacienda y motivación de circunstancias excepcionales.

Flores señala que la normativa solo contempla adquisiciones directas en supuestos muy concretos: urgencia acreditada, escasez de oferta inmobiliaria, singularidad del inmueble, o necesidad de adquirir exactamente ese bien y no otro. Además, en condiciones normales, una operación así habría sido conocida por el Parlamento Autonómico meses antes. "Se eligió el camino más caro. También el menos visible. Nadie paga de más por casualidad", dice Flores. Lo que está en cuestión no es solo el precio pagado, sino los costes irreversibles de comprar y luego vender un inmueble que nunca llegó a usarse: gastos notariales, registrales, honorarios a la inmobiliaria. El Tribunal de Cuentas decidirá si investiga.