En España, el Gobierno ha dado un paso decisivo para ordenar el crecimiento de los centros de datos: ha remitido al Consejo de Estado un real decreto que mantiene la exigencia de que el 80% de su consumo se cubra con energía renovable, pero que ofrece cinco años de margen hasta 2031 a quienes no puedan cumplirla de inmediato. Es la vieja historia de cómo una nueva demanda obliga a una sociedad a repartir sus recursos escasos, y de cómo la electricidad que alimenta la economía digital debe reconciliarse con la red que sostiene a todos. El conflicto no es solo técnico: enfrenta a gigantes tecnol
El Gobierno concede a los centros de datos un plazo de cinco años para cumplir las exigencias más duras
El primero que se desconectará no será la industria ni los hogares, sino el centro de datos
Mark
Si mantienen el 80%, ¿qué ha cedido realmente el Gobierno?
Mimi
Tiempo y algunos detalles. Hasta 2031 pueden empezar con un 60% en horas punta, y los PPA admiten plantas de hasta 36 meses en lugar de 18.
Mark
¿Y qué reciben a cambio?
Mimi
Que quien elija esa rampa acepte ser desconectado por Red Eléctrica sin compensación si el sistema lo pide.
Luke
Conviene separar lo confirmado de lo atribuido. Que serán los primeros en desconectarse lo dicen fuentes del Gobierno; el texto aún debe pasar por el Consejo de Estado.
Mark
¿Por qué dice el Gobierno que no discrimina?
Mimi
Alega tres diferencias: consumo inelástico al precio, 12 GW de capacidad reservada y demanda digital potencialmente ilimitada.
Luke
Son argumentos del propio expediente del Gobierno. Los tribunales no se han pronunciado, y las amenazas de litigio del sector son, por ahora, advertencias.
Mark
¿Y el calendario?
Mimi
Quieren aprobarlo antes de las elecciones, o en funciones si hace falta, previo informe de la Abogacía del Estado.
Luke
Ese informe aún no existe. Que sea viable aprobarlo en funciones es una hipótesis, no un hecho.
Le Pouls
- El Gobierno mantiene el 80% de consumo renovable horario pese a la presión de Amazon, Microsoft, Google y otros gigantes del sector.
- Quien acoja el régimen transitorio hasta 2031 deberá aceptar desconexión automática por Red Eléctrica, sin ninguna compensación económica.
- El sector amenaza con litigios por discriminación y con paralizar inversiones millonarias mientras el expediente pasa al Consejo de Estado.
- El Ejecutivo busca aprobar el decreto antes de las elecciones generales o, en su defecto, en funciones, con el trabajo técnico y jurídico ya cerrado.
En España, el Gobierno ha dado un paso decisivo para ordenar el crecimiento de los centros de datos: ha remitido al Consejo de Estado un real decreto que mantiene la exigencia de que el 80% de su consumo se cubra con energía renovable, pero que ofrece cinco años de margen hasta 2031 a quienes no puedan cumplirla de inmediato. Es la vieja historia de cómo una nueva demanda obliga a una sociedad a repartir sus recursos escasos, y de cómo la electricidad que alimenta la economía digital debe reconciliarse con la red que sostiene a todos. El conflicto no es solo técnico: enfrenta a gigantes tecnológicos que reclaman flexibilidad con un Estado que quiere proteger la factura y la seguridad del suministro.
El Gobierno ha enviado al Consejo de Estado el proyecto de real decreto que fijará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital para los centros de datos en España. El texto conserva las exigencias que más protestas provocaron en el sector, aunque concede cinco años, hasta 2031, para cumplir las más duras. Tras examinar más de 600 alegaciones y el informe de la CNMC, los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital han decidido mantener la estructura y la ambición de la propuesta, pese al rechazo de empresas como Amazon, Microsoft, Google, ACS y Merlin Properties.
El punto más sensible sigue siendo demostrar, hora a hora, que el 80% del consumo procede de energía renovable adicional. Quien opte por la vía de la rampa podrá exigir menos al principio: un 60% en horas punta hasta 2028, que sube al 70% en P1 y al 60% en horas llano a partir de 2029. Ese alivio tiene un precio: adherirse al sistema de reducción automática de potencia de Red Eléctrica, un freno de emergencia sin retribución que permite cortar el suministro del centro de datos cuando la red lo necesite. Según fuentes del Gobierno, lo primero que se desconectará será el centro de datos, no la industria ni los hogares. Además, el texto contempla penalizaciones que pueden llegar a la pérdida del permiso de acceso a la red.
El sector sostiene que la norma le discrimina frente a otros grandes consumidores, y ya ha anunciado posibles impugnaciones judiciales. El Gobierno responde que las diferencias son estructurales: estas instalaciones apenas reaccionan al precio de la electricidad, suman 12 GW de capacidad reservada y tienen una demanda potencialmente ilimitada. Si no hubiera tiempo antes de las elecciones, el Ejecutivo estudiará aprobar el decreto en funciones. El dictamen del Consejo de Estado y la reacción de los tribunales marcarán lo que venga después.
El Gobierno ha enviado al Consejo de Estado el proyecto de real decreto que fijará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital para los centros de procesamiento de datos en España. El texto conserva las exigencias que más protestas habían provocado en el sector, pero concede cinco años, hasta 2031, para cumplir las más duras.
La decisión llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el de Transformación Digital examinaran más de 600 alegaciones del sector y recibieran el informe preceptivo de la CNMC. Ambos departamentos han optado por mantener la estructura central y la ambición de la propuesta, rechazada por un sector en el que figuran Amazon, Microsoft, Google, ACS y Merlin Properties.
La exigencia clave sigue en pie: justificar hora a hora que el 80% del consumo está cubierto con energía renovable adicional. Ese punto llevó a las empresas a amenazar con reclamaciones millonarias y con paralizar inversiones. La norma se aplicará a los centros con más de 10 megavatios de potencia contratada que no estén plenamente en marcha cuando entre en vigor, aunque ya tengan permisos de acceso y conexión a la red.
El decreto ofrece dos caminos. En el primero, se acredita desde el primer día el 80% de correlación horaria renovable. En el segundo, una rampa de cinco años, solo se pide un 60% de consumo renovable en horas punta (P1) hasta el 31 de diciembre de 2028. Entre 2029 y el final del periodo transitorio sube al 70% en P1 y al 60% en horas llano (P2).
El precio de esa flexibilidad es adherirse al Sistema de Reducción Automática de Potencia, gestionado por Red Eléctrica. Funciona como un freno de emergencia sin retribución económica que permite cortar el suministro al centro de datos si el sistema lo necesita. Fuentes del Gobierno lo resumen así: si la nueva demanda tensa la red, lo primero que se desconectará no será la industria tradicional ni los hogares, sino el centro de datos. El proyecto incluye además recargos y penalizaciones por incumplimiento, que pueden llegar a la pérdida del permiso de acceso a la red.
Hay también suavizaciones. En los contratos de compra de energía a largo plazo (PPA), el margen para considerar adicional una planta renovable pasa de 18 a 36 meses, y la solar fotovoltaica cuenta como adicional sin límite de antigüedad, siempre que no rompa contratos a plazo vigentes. En agua se mantiene la etiqueta europea 'A' en WUE; en eficiencia energética (PUE) se aplicará una metodología adaptada a las zonas climáticas. La soberanía digital se vinculará a la categoría 'alta' del Esquema Nacional de Seguridad, con exención para metadatos y telemetría.
El sector sostiene que la norma lo discrimina frente a otros grandes consumidores industriales y ha advertido de posibles impugnaciones judiciales. El expediente dedica un apartado jurídico a defender que la diferencia es proporcional y constitucional. Según el Gobierno, tratar distinto a quienes están en situaciones comparables es discriminar, pero aquí hay diferencias estructurales evidentes. Sus argumentos son tres: los centros de datos apenas reaccionan al precio de la electricidad y mantienen un consumo plano incluso en horas caras; las solicitudes suman 12 GW de capacidad reservada en la red, más que cualquier otra actividad industrial; y la demanda digital es potencialmente ilimitada y no depende de transportar producto. Detrás está la intención de la Secretaría de Estado de Energía de evitar que estas instalaciones encarezcan la factura eléctrica, como se aprecia en otros países.
El ministerio quiere aprobar el decreto en el Consejo de Ministros antes de las próximas elecciones generales. Fuentes del Gobierno aseguran que, salvo sorpresa mayúscula, el trabajo técnico y jurídico está hecho. Si no hubiera tiempo, no se archivaría: se pediría a la Abogacía del Estado un informe sobre aprobarlo en funciones, alegando la protección de la factura y la seguridad del suministro. Además, el decreto crea un régimen especial para las gigafactorías presentadas a la Unión Europea. Queda por ver el dictamen del Consejo de Estado y si el sector cumple su amenaza de acudir a los tribunales.
Citations marquantes
Salvo sorpresa mayúscula, el trabajo técnico y el trabajo jurídico-administrativo está todo hecho para que así sea.— Fuentes del Gobierno
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