En un momento que revela las tensiones profundas entre la unidad nacional y la autonomía regional, el Gobierno español aprobó una reforma que redistribuye 21.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, siguiendo un modelo que sus críticos consideran más político que fiscal. Trece regiones, gobernadas mayoritariamente por el Partido Popular, rechazaron la medida y anunciaron su intención de impugnarla ante el Tribunal Constitucional, convirtiendo una cuestión de hacienda pública en un campo de batalla sobre la equidad territorial y la legitimidad del poder central. La historia de Esp