El Gobierno acelera el decreto de centros de datos y endurece las condiciones para las tecnológicas

El lunes, el Gobierno de Pedro Sánchez envió al Consejo de Estado el real decreto que regulará los centros de datos en España. Lo hizo tras estudiar más de 600 alegaciones y recibir el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo quiere cerrar la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre, un asunto que llevaba tiempo complicándosele. El Ministerio para la Transición Ecológica ha llevado la parte técnica, pero el ritmo lo ha marcado Moncloa.

El texto, al que tuvo acceso El Confidencial, suaviza varias exigencias. Mantiene la regla general de cubrir con energía renovable al menos el 80% de la demanda de los grandes centros, acreditando que esa generación coincide hora a hora con el consumo. Pero ofrece un régimen transitorio de hasta cinco años para quienes no puedan cumplirlo desde el inicio. Hasta finales de 2028 bastará con un 60% de cobertura en las horas punta (P1). Desde enero de 2029 será un 70% en P1 y un 60% en las horas del periodo llano (P2). Después volverá el 80% hora a hora. Solo podrán acogerse las instalaciones que arranquen antes del 31 de diciembre de 2030.

La flexibilidad tiene un precio. Quien elija esta vía deberá entrar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite al operador del sistema ordenar recortes de consumo cuando peligra la seguridad de la red. Estos centros serán los primeros en obedecer y deberán poder reducir a cero lo que toman de la red. El proyecto prevé incluso desconectarlos abriendo su interruptor de conexión, sin indemnización para los titulares ni para terceros afectados, en los casos que fije la norma. Abandonar el SRAP, aun voluntariamente, podrá costar los permisos de acceso y conexión. A los operadores les inquieta porque sus servidores funcionan las 24 horas y alojan servicios de empresas, administraciones y millones de usuarios.

La escala del asunto es grande. Los centros de datos ya tienen unos 12.000 megavatios (MW) de permisos de acceso, según cifras del Gobierno: más de 6.000 en transporte y otros 6.000 en distribución. Es cerca del triple de los 3.500 a 4.000 MW de demanda que la Estrategia de Inteligencia Artificial prevé para 2030. La CNMC cuenta además más de 32.000 MW de solicitudes rechazadas y 27.000 MW en tramitación, aunque no todos esos proyectos se construirán.

Hay otras concesiones. La antigüedad máxima de las plantas renovables que pueden respaldar el consumo pasa de 18 a 36 meses. Los parques fotovoltaicos con años de operación podrán firmar contratos si no tenían un PPA a largo plazo vigente cuando entre en vigor la norma; los nuevos PPA deberán durar al menos seis años. También valdrá la electricidad de baterías y almacenamiento con origen renovable acreditado. En eficiencia, las instalaciones tendrán seis meses desde su puesta en marcha para cumplir. El PUE transitorio máximo será de 1,25, y no 1,15. El indicador de agua (WUE) se queda en 0,1.

Las sanciones siguen siendo duras. Los recargos sobre peajes y cargos regulados pueden llegar al 500% en los incumplimientos más graves de cobertura renovable, lo que no equivale a multiplicar toda la factura. Los incumplimientos graves y reiterados pueden costar los permisos. Los proyectos con capacidad concedida pero aún sin conectar tendrán, en general, seis meses desde la entrada en vigor para acreditar requisitos, o perderán permisos y garantías. El texto añade condiciones de soberanía digital: los centros que alojen sistemas públicos de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad deberán mantener ciertos datos en la UE o el Espacio Económico Europeo. Los proyectos europeos estratégicos, como las gigafactorías de IA, tendrán un régimen transitorio propio si acreditan control europeo de sus equipos.

La CNMC había recomendado flexibilizar la exigencia de nueva generación renovable y la correspondencia horaria. Sus consejos no son vinculantes, pero el Gobierno modificó ambos aspectos. El sector sigue considerando el texto demasiado exigente y teme que España imponga más requisitos que otros mercados europeos. Google, Amazon y Microsoft prometieron invertir 67.000 millones en este negocio. Según fuentes del sector, Google habría suspendido su plan de un gran campus propio en España, aunque mantendría el interés en el mercado. Portugal impulsa Sines como polo de centros de datos y cables submarinos, y Francia e Italia también compiten.

El Gobierno defiende que debe ordenar el crecimiento para que estas instalaciones no absorban capacidad destinada a otros sectores ni encarezcan la energía. Falta el dictamen del Consejo de Estado y la aprobación del Consejo de Ministros, con el 29 de noviembre como fecha en el horizonte.