En el cruce entre la ambición digital y la protección del ciudadano, el Gobierno español abre la puerta a revisar las normas que rigen los centros de datos, consciente de que atraer inversión tecnológica y mantener estables las facturas de luz son objetivos que no siempre caminan de la mano. La apertura regulatoria se condiciona a una garantía esencial: que ningún hogar español pague más por la electricidad como consecuencia de los cambios. Es la vieja tensión entre el progreso económico y la justicia cotidiana, buscando esta vez una salida negociada.
El Gobierno abre la puerta a flexibilizar normas para centros de datos si no suben la luz
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