El colapso del FCAS deja a España sin cazas de combate de nueva generación

Cuando Emmanuel Macron y Friedrich Merz anunciaron el colapso del FCAS en junio de 2026, España se enteró después. No fue invitada a la conversación que selló el fin de lo que debería haber sido el gran proyecto de defensa aérea europeo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo que reaccionar a posteriori, criticando que se hubiera antepuesto el interés industrial al de la seguridad europea. Pero la verdad es que España llevaba meses viendo venir el desastre sin poder evitarlo.

El programa había comenzado con esperanza en diciembre de 2022. Francia, a través de Dassault Aviation, Alemania con Airbus Defence, y España con Indra como empresa tractora, sellaron una alianza para desarrollar juntos el cazabombardero de nueva generación. Cada país asumiría un tercio del coste y recibiría un tercio del trabajo industrial. Pero debajo de esa división equitativa había fracturas profundas. Durante casi un año, el proyecto estuvo prácticamente congelado. Los socios no podían ponerse de acuerdo sobre el diseño del avión, sus capacidades operacionales, o cómo repartirse realmente la carga de trabajo. Francia y Alemania intercambiaban mensajes públicos que iban revelando las grietas. España, mientras tanto, pedía paz con escaso éxito. Cuando todo saltó por los aires, los tres países decidieron buscar caminos separados.

Lo que hace que este fracaso sea particularmente grave para España no es solo el tiempo perdido, aunque los expertos coinciden en que eso es una pérdida importante. Es que el Gobierno había tomado una decisión política que dejaba al país sin red de contención. En agosto de 2025, La Moncloa anunció públicamente que rechazaba la compra del F35 de Lockheed Martin. La decisión respondía a una lógica de autonomía estratégica europea: invertir en industria propia en lugar de depender de tecnología estadounidense. Pero trece países europeos no compartieron esa lógica. Reino Unido, Italia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Grecia, Finlandia, Suiza, Alemania, Bélgica, República Checa y Rumanía ya tienen el F35 o están en camino de tenerlo.

Para la Armada, el rechazo al F35 cierra una puerta crítica. El portaaeronaves Juan Carlos I opera actualmente con Harrier, aviones que pueden despegar y aterrizar en vertical, una capacidad que casi ningún otro cazabombardero posee en la actualidad, excepto precisamente el F35. Sin ese avión estadounidense y sin el FCAS europeo, la Armada pierde la posibilidad de mantener capacidad aérea embarcada en el futuro inmediato. La solución temporal que ha encontrado Defensa es comprar cinco Harrier retirados recientemente de la Marina estadounidense para usar sus piezas como repuestos. Esto alargará la vida útil de los aparatos actuales hasta 2032. A largo plazo, la Armada ha planteado adquirir un portaaeronaves convencional que permitiría operar cazas de última generación, pero eso está aún en el terreno de las posibilidades.

El Ejército del Aire y del Espacio enfrenta un calendario igualmente preocupante. Los F18 que operan actualmente estaban programados para ser dados de baja en 2030. Esa fecha se alargó después a 2035, y ahora algunas fuentes militares hablan de 2040. En cualquier caso, la renovación es inminente. Defensa prevé reemplazarlos con Eurofighter adquiridos dentro del programa Halcón II. Pero eso dejaría al Ejército del Aire con un único modelo de cazabombardero en servicio, algo que preocupa internamente a las Fuerzas Armadas. Y en cualquier escenario, España quedaría rezagada en tecnología aérea de quinta o sexta generación.

La industria española reaccionó rápidamente. Indra, Airbus, GMV, Oesía, Sener e ITP Aero emitieron un comunicado conjunto reafirmando su disposición a desarrollar un nuevo sistema de combate aéreo de generación avanzada. Ahora comienza de nuevo el baile de alianzas internacionales. Los expertos recuerdan que en estos procesos, el tiempo es oro. España ha perdido cuatro años y medio en un proyecto que no llegó a ningún lado. La pregunta ahora es si puede recuperar ese tiempo antes de que su flota aérea envejezca más allá de lo operacionalmente viable.