El fracaso de la Comisión Nacional de la Energía deja sin regulador independiente al sector

La luz ronda los 200 euros por megavatio. El gas se mantiene sobre los 80. Mientras los precios energéticos asfixian a la industria española, el país sigue sin el regulador independiente que el Gobierno prometió crear hace casi dos años.

La Comisión Nacional de la Energía nació como respuesta a una crisis. En 2024, con la guerra de Ucrania aún sacudiendo los mercados, el Ejecutivo impulsó la creación de un organismo especializado que dotara al sector de supervisión técnica, protección del consumidor y autonomía regulatoria. El procedimiento comenzó en febrero de 2024. Para septiembre, el proyecto llegaba al Congreso de los Diputados. Desde entonces, no ha avanzado.

Los obstáculos fueron múltiples y se entrelazaron rápidamente. Desde el inicio hubo discrepancias sobre si tenía sentido separar la regulación energética de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el macrorregulador multisectorial existente. La propia CNMC no vio con buenos ojos la propuesta. Pero el verdadero problema fue parlamentario: la aritmética de los apoyos nunca cuadró. Año tras año, el período de enmiendas se aplazaba sin que la iniciativa avanzara hacia votación. Hubo un momento en junio de 2025, cuando el Gobierno intentó legislar sobre cuestiones energéticas tras un apagón ocurrido en abril, pero nuevamente los apoyos no llegaron y se desistió.

Lo que se perdió en el camino fue sustancial. El diseño original incluía supervisión de mercados, protección de usuarios, resolución de conflictos y regulación de redes eléctricas y gasistas. El objetivo declarado era crear mercados transparentes, precios competitivos y señales estables para la inversión. Pero también algo más: la CNE habría sido un regulador especializado en tecnologías nuevas. La transición energética requiere supervisión de mercados emergentes, almacenamiento, gases renovables e hidrógeno. Una estructura dedicada exclusivamente al sector energético, con personalidad jurídica propia, presupuesto independiente y autonomía técnica, habría permitido esa especialización. Según fuentes cercanas al sector, el Gobierno tuvo claro desde muy pronto que el proyecto no saldría adelante.

La CNMC, en su informe de marzo de 2024, planteó observaciones sobre la independencia de la nueva autoridad, sus funciones, su organización y la coordinación entre ambos organismos. También reclamó un plan de transición que garantizara continuidad en las competencias regulatorias. Esas preocupaciones técnicas se sumaron a los bloqueos políticos.

Ahora, con la crisis de Ucrania superada pero los precios energéticos aún en niveles insostenibles, la ausencia de ese regulador se siente con fuerza. El pool de electricidad supera regularmente los 100 euros por megavatio. El gas golpea tanto a empresas como a consumidores, y en muchos momentos es la tecnología que marca el precio del mix energético total. Para la industria española, estas cifras representan un costo que erosiona márgenes y competitividad. Sin un organismo regulador especializado, sin mecanismos de protección diseñados específicamente para estos mercados, el país enfrenta la transición energética sin las herramientas que hace dos años se consideraban urgentes. La CNE quedó atrapada entre la necesidad técnica y la imposibilidad política, y el sector energético sigue esperando.