El Estado tiene 17.800 millones en empresas cotizadas que el PP considera vendibles

El Estado español tiene atrapados casi 17.800 millones de euros en acciones de empresas que cotizan en bolsa. Según un análisis de BME, el gestor de la Bolsa española, la presencia pública en los mercados alcanza máximos no vistos en casi treinta años. Detrás de esta acumulación están las compras en Telefónica y Talgo, el aumento de posiciones en Indra, y sobre todo la espectacular revalorización de Caixabank desde su fusión con Bankia hace más de cinco años.

Si el Partido Popular llega al Palacio de la Moncloa, su intención es clara: vender. El argumento es que el Estado solo debería mantener participaciones en empresas cuando exista una razón de seguridad nacional o cuando el sector privado no pueda prestar un servicio esencial. Bajo este criterio, cinco de las diez empresas cotizadas donde el Estado tiene presencia entrarían en la categoría de vendibles: Caixabank, Telefónica, Talgo, Ebro Foods e IAG. El resto —Aena, Indra, Redeia, Enagás y Airbus— se considerarían justificadas por razones estratégicas o de interés público.

La joya de la corona es Caixabank. El FROB, el fondo de reestructuración bancaria, controla el 18,1% del banco, una herencia directa de la absorción de Bankia. Esa participación vale hoy 15.032 millones en el mercado. La acción ha subido más del 500% desde que se anunció la fusión, y además ha pagado dividendos crecientes. Pero hay un problema de fondo: el rescate de Bankia costó más de 24.000 millones de euros en dinero público durante la crisis financiera. Aunque el Estado ha recuperado más de 5.500 millones entre ventas parciales y dividendos, sumado al valor actual de su participación, aún no alcanza lo que se gastó en salvar al banco. El plazo para vender esta posición, que ya se ha prorrogado varias veces, vence en diciembre de 2027. En otros países europeos se ha aprovechado el buen momento de la banca para deshacerse de estas participaciones heredadas de rescates públicos, pero en España nada se ha movido.

Telefónica es el segundo activo más grande de este paquete vendible. El Estado tiene el 10%, la misma proporción que Criteria Caixa y el fondo saudí STC. La entrada fue en 2024, justificada por seguridad nacional y para contrarrestar la influencia saudí. En la práctica, le ha dado al Gobierno un control considerable sobre la operadora: desde dentro, el Ejecutivo logró que cesara el presidente anterior y colocó a Marc Murtra en el cargo. Esa participación vale ahora 1.882 millones. Pero venderla sería complicado. Murtra está en medio de una transformación estratégica de Telefónica, y la cotización no acompaña. El Estado pagó unos 2.280 millones por ese paquete; si lo vendiera ahora, perdería unos 400 millones, sin contar los dividendos.

Talgo es otro ejemplo del intervencionismo del Gobierno anterior. Cuando Magyar Vagon, una empresa húngara, intentó comprar la compañía ferroviaria, el Gobierno vetó la operación por razones de seguridad nacional. También bloqueó un intento polaco. Luego decidió entrar en el accionariado con un consorcio liderado por Sidenor, la empresa vasca. Hoy el Estado tiene el 7,87% de Talgo, valorado en apenas 25 millones.

Ebro Foods e IAG son restos de privatizaciones que comenzaron en los años noventa y que han permanecido en manos públicas todo este tiempo. En Ebro, el Estado tiene el 10,36% por valor de 291 millones. En IAG, la aerolínea, tiene el 2,52% por valor de 568 millones. Estas dos participaciones han sobrevivido a gobiernos de ambos colores sin generar mucho debate público, pero bajo el criterio del PP entrarían en la lista de lo vendible.

La pregunta que flota sobre todo esto es si el PP, si llega al poder, tendrá la voluntad política de ejecutar estas ventas. Caixabank es un caso donde el dinero público aún no se ha recuperado del todo. Telefónica está en plena transformación y venderla podría significar perder influencia sobre una empresa considerada estratégica. Talgo tiene un valor de mercado muy bajo. Y Ebro Foods e IAG son participaciones antiguas que nadie ha tocado en décadas. Lo que está claro es que la cartera pública en bolsa ha crecido, y alguien tendrá que decidir qué hacer con ella.