El Estado no debería decirle a nadie cómo hablar
En el Congreso chileno, con 85 votos a favor y 53 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que ordena eliminar el lenguaje inclusivo de los servicios públicos y exige, mediante decreto presidencial, el uso normativo del castellano en la administración estatal. Lo que parece una disputa gramatical revela, en su fondo, una pregunta más antigua y más urgente: ¿quién tiene la autoridad de decidir cómo habla una sociedad? La tensión entre la norma institucional y la expresión viva de comunidades que buscan reconocimiento convierte esta votación en un espejo de debates más amplios sobre libertad, identidad y el papel del Estado en la vida cotidiana.
- Con 85 votos a favor, la Cámara aprobó eliminar el lenguaje inclusivo de todos los servicios públicos del país, encendiendo de inmediato la reacción de organizaciones de derechos.
- La Fundación Iguales y otras voces de la sociedad civil denuncian que el Estado está usando el poder legislativo para regular formas de expresión que pertenecen a la ciudadanía, no al gobierno.
- El debate se desplazó rápidamente de la gramática hacia el reconocimiento: el lenguaje inclusivo no es solo una cuestión de tildes, sino de si ciertos grupos existen o no en el discurso oficial.
- Críticos señalan que el Congreso priorizó esta resolución mientras otras materias urgentes permanecen pendientes, cuestionando el uso del tiempo legislativo.
- El decreto presidencial que podría derivarse de esta resolución aún no se ha emitido, dejando abierta la disputa entre la norma impuesta y el lenguaje que ya vive en comunidades digitales y sociales.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el miércoles una resolución que pide al gobierno eliminar el lenguaje inclusivo de todos los servicios públicos y ordenar, por decreto presidencial, el uso normativo del castellano en la administración estatal. La votación fue contundente en números —85 a favor, 53 en contra— pero lo que dejó abierto fue un debate que va mucho más allá de la gramática.
Para quienes respaldaron la medida, se trata de preservar la norma del idioma. Para quienes la rechazaron, el problema es de fondo: el Estado no debería tener la potestad de regular cómo se expresa la ciudadanía ni de invisibilizar a grupos que encuentran en el lenguaje inclusivo una forma de reconocimiento.
María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales e historiadora de profesión, fue directa en su crítica. Señaló que nadie debería ser obligado a expresarse de una manera determinada, y que contar con formas de lenguaje que no excluyan a nadie es, en sí mismo, algo valioso. Para ella, esta discusión lleva años en la sociedad y merece más profundidad que una resolución parlamentaria.
Lo que también incomodó a las organizaciones fue la priorización del tema: mientras otras materias urgentes esperan en la agenda, el Congreso destinó votos y tiempo a una medida que, en su perspectiva, no resuelve ningún problema real. El lenguaje inclusivo no fue impuesto desde arriba; surgió de manera orgánica en comunidades que buscaban verse reflejadas en las palabras.
En el centro del debate queda una pregunta que ningún decreto puede responder del todo: ¿tiene el Estado derecho a congelar el lenguaje? Para sus críticos, el idioma es un organismo vivo que refleja cómo las personas entienden el mundo y a quiénes reconocen en él. Intentar regularlo por decreto es, desde esa mirada, un acto que choca directamente con la libertad de expresión.
La Cámara de Diputadas y Diputados votó el miércoles a favor de una resolución que pide al gobierno eliminar el lenguaje inclusivo de todos los servicios públicos del país. La medida también ordena, mediante decreto presidencial, el "correcto uso" del idioma castellano en la administración estatal. Los números fueron claros: 85 votos a favor, 53 en contra. Pero detrás de esa votación se abre un debate que trasciende lo puramente gramatical.
Para quienes defienden esta resolución, se trata de preservar la norma del idioma español. Para quienes se oponen, la cuestión es más profunda: el Estado no debería imponer cómo habla la ciudadanía, ni debería regular las formas de expresión que las personas eligen usar. Lo que comenzó como un asunto de tildes y letras se convirtió rápidamente en una discusión sobre derechos, reconocimiento y libertad de expresión.
La aprobación generó reacciones inmediatas en el sector de organizaciones de derechos. María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, fue directa en su crítica. Señaló que el Estado no debería decirle a nadie cómo expresarse, y que es positivo contar con formas de lenguaje que no dejen fuera a grupos de personas. Para Cumplido, historiadora de profesión, esta es una discusión que lleva años en la sociedad y que merece un tratamiento más profundo que una resolución parlamentaria.
Lo que más le molestó a la organización fue la priorización de este tema en la agenda legislativa. Mientras hay otras cuestiones pendientes, el Congreso dedicó tiempo y votos a una medida que, en su perspectiva, no beneficia a nadie. El lenguaje inclusivo no es una imposición nueva: ha evolucionado naturalmente en la forma en que muchas personas hablan y escriben, especialmente en espacios digitales y en comunidades que buscan ser más inclusivas.
El debate que se abrió con esta votación toca algo más delicado que la gramática. Toca la pregunta de quién decide cómo se habla en una sociedad, y si el Estado tiene derecho a regular eso. Para los críticos de la resolución, la respuesta es no. El lenguaje es vivo, cambia, y refleja cómo las personas entienden el mundo y a quiénes reconocen en él. Intentar congelarlo mediante decreto es, en su visión, un acto de imposición que va contra la libertad de expresión.
Notable Quotes
El Estado no debería decirle a nadie cómo hablar. Es positivo poder usar un lenguaje que no invisibilice a las personas.— María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué una resolución sobre lenguaje genera tanta tensión política?
Porque no es realmente sobre gramática. Es sobre quién tiene poder para decidir cómo se habla en los espacios públicos, y eso toca directamente a grupos que históricamente han sido invisibilizados.
Pero el lenguaje inclusivo es relativamente nuevo, ¿no?
Sí, pero la necesidad que lo impulsa no lo es. Las mujeres, las personas trans, las comunidades no binarias, llevan años pidiendo formas de lenguaje que las incluyan. Esto no surgió de la nada.
¿Qué dice exactamente la resolución que aprobó el Congreso?
Pide eliminar el lenguaje inclusivo de todos los servicios públicos y ordena al gobierno usar el "correcto uso" del castellano. Es decir, vuelve a la norma tradicional, la que muchos ven como excluyente.
¿Y por qué Fundación Iguales dice que el Estado no debería regular esto?
Porque el lenguaje es algo que la ciudadanía usa libremente. Si el Estado lo regula, está diciendo cómo deben expresarse las personas. Eso es control sobre la libertad de expresión.
¿Esto afecta solo a documentos oficiales o también a cómo hablan los funcionarios?
La resolución habla de servicios públicos, así que probablemente ambas cosas. Documentos, comunicaciones, atención al público. Es bastante amplio.
¿Qué viene ahora?
El debate continúa. La resolución es una declaración de intención, pero la sociedad civil seguirá presionando. Este no es un tema que desaparezca.