El desahucio de Maricarmen desata una protesta masiva frente al ático de Ayuso en Madrid

La tarde del 23 de septiembre en Madrid comenzó con una convocatoria que se propagó de teléfono en teléfono casi tan rápido como ocurrieron los hechos que la desencadenaron. Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido 71 años en su casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda, fue sacada de su vivienda por la fuerza después de cuatro intentos de desahucio. Cientos de personas habían permanecido allí durante más de 16 horas intentando frenar lo inevitable. Cuando quedó claro que no lo lograrían, alguien escribió un mensaje simple: "A las siete concentración frente al ático de Ayuso". El lugar era preciso, el horario fijo, y la rabia tenía un destino.

A esa hora, miles de personas se congregaron frente al número 35 de Martínez Campos en Chamberí, donde la Comunidad de Madrid había adquirido recientemente un ático de 485 metros cuadrados cuya compra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso nunca ha logrado justificar públicamente. La protesta fue creciendo a lo largo de la tarde, obligando a la policía a cortar las calles. Decenas de agentes equipados con material antidisturbios vigilaban mientras los manifestantes repetían consignas que resonaban por el barrio: "El ático de Ayuso para Maricarmen", "Ayuso, dimisión", "vergüenza, vergüenza". Según la Delegación del Gobierno, la concentración llegó a reunir a 10.000 personas.

La escena atrajo a gente de distintas generaciones. Emilio Díaz, un pensionista de 90 años, observaba desde un costado y expresaba su sorpresa de que algo así no hubiera sucedido antes. "Los jóvenes están respondiendo. Hasta ahora parecía que no existían", comentaba mientras aplaudía. Marina Martín, una enfermera de 25 años, veía en el desahucio de una mujer mayor una vergüenza que iba más allá del caso individual. "Es imposible comprar una vivienda y alquilar está complicadísimo. Se te va todo en alquiler y apenas te queda para gastos", explicaba. Rodrigo, un estudiante universitario, sintetizaba el sentimiento de muchos: "La vivienda es un derecho y no un activo".

Mientras miles protestaban en Madrid, el presidente Pedro Sánchez hablaba desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. Describió lo ocurrido como "una tragedia social que no podemos aceptar como país" y dirigió la responsabilidad hacia los gobiernos madrileños. En el Congreso, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez García señaló que el caso evidenciaba "las consecuencias de la especulación salvaje y de ponerles alfombras rojas a los buitres y a los especuladores". El ministro de Cultura Ernest Urtasun instó al PSOE a "desempolvar" y aprobar en el próximo Consejo de Ministros un decreto que incluía la prórroga de alquileres y una moratoria antidesahucios.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que respaldó la convocatoria, amplió el alcance de la crítica más allá de Ayuso. En un comunicado publicado minutos después del desahucio, catalogó como un "profundo fracaso" la labor de las últimas tres administraciones en la ciudad por ser "incapaces de defender el derecho a la vivienda de sus ciudadanos frente a la voracidad fría y calculadora de los fondos buitre".

La concentración en Chamberí fue el epicentro de una movilización que se extendió por toda España. La plataforma #Niundesahuciomás convocó simultáneamente concentraciones en Ávila, Barcelona, Cádiz, Oviedo, Sevilla y Valencia, la mayoría frente a delegaciones del gobierno. En Madrid, pasadas las nueve de la noche, los manifestantes se desplazaron hacia el Paseo de la Castellana. Durante el trayecto hubo momentos de tensión: los agentes dispararon balas de goma intentando contener a la multitud, pero los manifestantes lograron reagruparse, cortar el tráfico y permanecer sentados. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, convocó a unas 400 personas a una "sentada por Maricarmen" que duró cerca de 20 minutos. La concentración se disolvió alrededor de las diez de la noche, pero el mensaje había quedado grabado en las calles de la capital.