En el corazón de Washington se libra una disputa que trasciende lo fiscal: si la inteligencia artificial desplaza a millones de trabajadores, ¿quién asume la deuda social que eso genera? Bill Gates ha formulado la pregunta con una claridad casi moral, mientras legisladores demócratas presentan propuestas concretas y la administración Trump apuesta por dejar que el mercado se regule a sí mismo. Lo que está en juego no es solo una tasa impositiva, sino la pregunta más antigua del capitalismo: quién paga el costo del progreso.
El debate sobre la tributación de la IA gana terreno en Estados Unidos con propuestas progresistas
La IA amenaza con destruir empleos masivamente, según los legisladores que impulsan estas medidas tributarias compensatorias.
¿Por qué incentivas la sustitución si no le pides al robot que cotice?
Mark
¿Por qué Gates de repente habla de impuestos a los robots? No es su estilo habitual.
Mimi
Porque ve una contradicción lógica que le preocupa. Si reemplazas trabajadores con máquinas, la base de ingresos que financia pensiones se erosiona. Gates está señalando que el sistema fiscal no ha adaptado sus incentivos a esa realidad.
Luke
Pero Gates no propone un impuesto específico, ¿verdad? Solo plantea la pregunta. Las propuestas reales vienen de Sanders, Warren, Kelly.
Mimi
Exacto. Gates abre el debate moral. Los legisladores demócratas presentan mecanismos. Sanders quiere que el Estado sea accionista mayoritario. Warren quiere gravar centros de datos y consumo energético.
Mark
¿Y Trump qué hace mientras tanto?
Mimi
Lo opuesto. Reúne a ejecutivos de IA en la Casa Blanca y les promete autorregulación, sin límites al desarrollo.
Luke
Eso es importante notar: no hay consenso. Esto es una batalla política clara, no un debate técnico.
Mark
¿Tienen oportunidad real estas propuestas demócratas?
Mimi
Ahora mismo, no. Los demócratas no controlan ninguna cámara. Pero hay elecciones de medio mandato próximas.
Luke
Y los expertos advierten que aún no sabemos bien qué estamos gravando. ¿Qué es una empresa de IA? ¿Qué es un producto de IA? Sin definiciones claras, cualquier impuesto es impreciso.
Mark
¿Entonces están poniendo el carro antes que los bueyes?
Mimi
Algunos lo ven así. Korinek dice que corremos el riesgo de obstaculizar la innovación sin resolver los problemas fiscales reales. Otros dicen que esperar es permitir que las corporaciones consoliden poder mientras tanto.
Luke
Y hay un dato que no podemos ignorar: dos terceras partes de la recaudación de impuestos viene del trabajo. Si la IA erosiona eso, el sistema fiscal se quiebra sin importar lo que hagamos ahora.
Il Polso
- La IA avanza a un ritmo que amenaza con vaciar sectores enteros del mercado laboral antes de que exista un sistema de protección social capaz de absorber el golpe.
- La Casa Blanca recibe a los grandes ejecutivos tecnológicos con promesas de libertad regulatoria, mientras en el Capitolio los demócratas acumulan propuestas para gravar robots, centros de datos, ganancias extraordinarias y hasta el consumo de agua y electricidad.
- Bernie Sanders propone algo sin precedentes: que las empresas de IA paguen sus impuestos en acciones hasta que el Estado controle el 50% de su capital, convirtiendo al Gobierno en accionista de los laboratorios tecnológicos.
- Los expertos advierten que legislar sin definir primero qué es una empresa de IA o un producto de IA podría producir impuestos imprecisos que frenen la innovación sin resolver el problema fiscal de fondo.
- Con los demócratas fuera del control del Congreso, estas propuestas tienen poco recorrido inmediato, pero las elecciones de medio mandato se acercan y el equilibrio político podría cambiar.
En el corazón de Washington se libra una disputa que trasciende lo fiscal: si la inteligencia artificial desplaza a millones de trabajadores, ¿quién asume la deuda social que eso genera? Bill Gates ha formulado la pregunta con una claridad casi moral, mientras legisladores demócratas presentan propuestas concretas y la administración Trump apuesta por dejar que el mercado se regule a sí mismo. Lo que está en juego no es solo una tasa impositiva, sino la pregunta más antigua del capitalismo: quién paga el costo del progreso.
Bill Gates ha reabierto una pregunta que Washington llevaba tiempo evitando: si un robot reemplaza a un trabajador, ¿por qué no cotiza como él? El fundador de Microsoft lo planteó con una lógica casi doméstica en una entrevista reciente, señalando la contradicción de incentivar fiscalmente la sustitución de personas por máquinas mientras los sistemas de pensiones se debilitan.
El momento no es casual. Mientras Trump reunía en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de IA para garantizarles libertad regulatoria, legisladores demócratas presentaban propuestas para gravar esa misma industria. Greg Casar, Valerie Foushee y Sara Jacobs proponen usar esos ingresos para financiar programas de empleo. Bernie Sanders va más lejos: un impuesto pagado en acciones hasta que el Estado acumule el 50% del capital de las grandes empresas de IA, con el argumento de que así los ciudadanos podrían frenar desarrollos que dañen sus vidas. Elizabeth Warren, por su parte, exige transparencia a Meta, Amazon, Alphabet y Microsoft sobre las exenciones fiscales que ya han recibido, y propone gravar también las externalidades negativas como el consumo de agua y energía.
El senador Mark Kelly suma tres impuestos adicionales: sobre publicidad digital, sobre el uso de datos generados por IA y sobre ganancias extraordinarias del sector. Las opciones son amplias, pero su viabilidad es limitada mientras los demócratas no controlen ninguna cámara del Congreso.
Desde la academia, la cautela es la nota dominante. Expertos del Tax Policy Center sugieren que reforzar la tributación del capital sería más eficaz que crear impuestos específicos. Anton Korinek, del Brookings Institute, advierte que sin un marco coherente se corre el riesgo de obstaculizar la innovación sin resolver el problema de fondo: que dos terceras partes de la recaudación fiscal provienen de rentas del trabajo, una fuente que la IA amenaza con erosionar. Otros analistas recuerdan que antes de actuar a nivel federal habría que definir conceptos básicos: qué es una empresa de IA, qué es un producto de IA. Sin esas respuestas, cualquier impuesto podría ser tan impreciso como el fenómeno que intenta regular.
Bill Gates ha vuelto a encender un debate que lleva tiempo latente en Washington: si la inteligencia artificial destruye empleos, ¿quién paga el costo? El fundador de Microsoft planteó la pregunta con una lógica casi doméstica en una entrevista reciente en The New York Times. Los trabajadores cotizan para financiar pensiones. Si una empresa despide a un trabajador y lo reemplaza con un robot, ¿por qué el robot no cotiza también? ¿Por qué incentivamos fiscalmente la sustitución de personas por máquinas mientras dejamos que los sistemas de pensiones se desmoronen?
La pregunta de Gates llega en un momento de tensión política clara. Mientras el presidente Donald Trump se reunía con los principales ejecutivos de empresas de IA en la Casa Blanca para asegurarles que no habría límites al desarrollo tecnológico y que apostaba por la autorregulación del sector, legisladores demócratas estaban presentando propuestas concretas para gravar la actividad de la inteligencia artificial. El contraste es nítido: de un lado, la promesa de libertad regulatoria; del otro, la presión por hacer que la IA contribuya fiscalmente a compensar el daño laboral que genera.
Las propuestas demócratas son variadas y van ganando volumen. Tres congresistas —Greg Casar de Texas, Valerie Foushee de Carolina del Norte y Sara Jacobs de California— presentaron un plan para gravar a las empresas de inteligencia artificial y usar esos ingresos para financiar programas de empleo destinados a amortiguar el impacto en el mercado laboral. Otros legisladores han ido más lejos. El senador Bernie Sanders propone un impuesto único para compañías de IA con ingresos anuales superiores a 200 millones de dólares en actividades relacionadas con la tecnología. Lo inusual de su propuesta es el mecanismo: las empresas pagarían en acciones en lugar de efectivo, hasta que el Estado acumulara el 50% del capital de estas compañías en un fondo soberano. Sanders argumenta que esto permitiría al Gobierno controlar decisiones de los laboratorios tecnológicos y que los estadounidenses pudieran impedir desarrollos de IA que afecten negativamente sus vidas.
La senadora Elizabeth Warren, otra voz prominente de la izquierda estadounidense, reclama reformar la legislación tributaria para que las empresas de inteligencia artificial beneficien a todos los estadounidenses. Su enfoque es más directo: un impuesto sobre las empresas de IA, incluyendo centros de datos, y tributos sobre externalidades negativas como el consumo de agua y energía. Warren envió cartas la semana pasada a los directivos de Meta, Amazon, Alphabet y Microsoft exigiendo transparencia sobre los incentivos fiscales que la administración Trump ha concedido para el desarrollo de IA y la construcción de centros de datos. En su comunicación, señaló que mientras los estadounidenses están preocupados por el impacto de la IA en sus vidas —desde facturas de servicios públicos más altas hasta pérdida de empleos— la administración ha priorizado otorgar enormes exenciones fiscales a las grandes corporaciones.
El senador Mark Kelly de Arizona también ha presentado una propuesta legislativa reciente con tres nuevos impuestos: uno sobre ingresos por publicidad digital, otro sobre el uso de IA en datos generados, y otro sobre ganancias extraordinarias de empresas de IA. Las opciones sobre la mesa son amplias: gravar centros de datos, consumo de agua o electricidad, horas de computación, robots, tokens, uso de IA, beneficios extraordinarios o capital. Pero estas propuestas tienen poco recorrido político por ahora, porque los demócratas no controlan ninguna de las dos cámaras del Capitolio. Sin embargo, con elecciones de medio mandato próximas, el equilibrio de fuerzas podría cambiar.
Desde la academia, los expertos advierten sobre la necesidad de un marco coherente antes de actuar. Tracy Gordon y Elena Spatoulas, del Tax Policy Center, sugieren que reforzar la tributación de las rentas del capital —donde probablemente se acumulen gran parte de las ganancias de la IA— sería más eficaz que un impuesto específico. Anton Korinek, del Brookings Institute, advierte que sin un marco coherente corremos el riesgo de implementar políticas que obstaculicen la innovación sin abordar los desafíos fiscales fundamentales. Korinek señala que dos terceras partes de la recaudación de impuestos procede de rentas del trabajo, y se espera que la IA erosione esta fuente porque reducirá la mano de obra en muchas ocupaciones.
Aaron Till y Shai Akabas, del Centro de Políticas Bipartidistas, recuerdan que gobiernos estatales y locales ya están actuando: Chicago ha aprobado un impuesto sobre servicios de computación en la nube, Virginia grava el consumo de electricidad de centros de datos, y docenas de estados otorgan subsidios para atraer esa infraestructura. Pero Till y Akabas piden reflexión sosegada antes de actuar a nivel federal, porque aún se desconocen muchos efectos de la IA sobre el mercado laboral, la equidad y la eficiencia. Advierten que los legisladores deben definir bien conceptos tributarios básicos: qué es una empresa de IA, qué es un producto de IA. Sin esas definiciones claras, cualquier impuesto corre el riesgo de ser impreciso o contraproducente. El debate apenas comienza, pero la presión por hacer que la IA contribuya fiscalmente al país está ganando terreno.
Citazioni salienti
Si has despedido a un trabajador y has contratado a un robot para hacer ese trabajo, ¿por qué incentivas tanto la sustitución de la mano de obra humana que no le pides al robot que también cotice al fondo de pensiones?— Bill Gates, en entrevista con The New York Times
El pueblo estadounidense tendría la capacidad de impedir desarrollos de IA que afecten negativamente a sus vidas. Las decisiones que tomen deberán rendir cuentas al público, algo de lo que carecemos ahora mismo.— Bernie Sanders, senador demócrata
Sin un marco coherente para evaluar estas opciones, corremos el riesgo de implementar políticas que podrían obstaculizar la innovación y socavar la competitividad, sin abordar los desafíos fiscales fundamentales que se avecinan.— Anton Korinek, investigador del Brookings Institute
Vuoi la storia completa?
Leggi l'originale su EL PAÍS ↗