El crimen organizado escala amenazas contra alcaldes: nuevo desafío institucional para el Estado

Christopher White, alcalde de San Bernardo, recibió una notificación que pocos funcionarios públicos esperan recibir: el Estado le informaba que una organización criminal había planeado asesinarlo. La captura de "El Indio Juan", uno de los fugados más controvertidos de los últimos años, reveló los detalles de ese plan. No se trataba de una amenaza vaga o de un rumor. Los antecedentes indicaban un esquema elaborado con pasos concretos para ejecutar un atentado contra el jefe comunal.

Este episodio en San Bernardo expone algo que expertos en seguridad advierten hace tiempo: el crimen organizado en Chile está escalando hacia una nueva dimensión. Ya no se trata solo de robar, traficar o matar por dinero. Las bandas están intentando disputar el control territorial de manera directa, intimidando a las autoridades que representan la presencia estatal en los barrios. Los alcaldes, en particular, son blancos estratégicos. Son figuras que mantienen contacto diario con los territorios, que coordinan operativos de recuperación de espacios públicos, que ordenan demoliciones de infraestructura ligada al narcotráfico. Son, en esencia, la puerta de entrada de las comunidades al Estado.

Pablo Zeballos, consultor internacional especializado en crimen organizado, explica que lo ocurrido en San Bernardo refleja un fenómeno que se ha documentado en varios países de la región. El verdadero problema no se mide solo por la cantidad de delitos cometidos, sino por la capacidad que tienen estas organizaciones de disputar espacios de autoridad, de condicionar comportamientos y de construir formas de control territorial. Cuando una banda criminal llega al punto de intentar atacar a un alcalde, está señalando algo más profundo: percibe a esa autoridad como un obstáculo para sus intereses, como un competidor en el control del territorio. Esto genera dinámicas complejas que van más allá de la intimidación simple; incluyen coerción y formas de gobernanza criminal que el Estado chileno aún no ha aprendido a medir ni a enfrentar adecuadamente.

La motivación detrás del plan contra White parece estar vinculada a la posición que ha tomado la Municipalidad de San Bernardo respecto del control de dos poblaciones: Santa Rosa de Lima y San Esteban. En sectores donde el narcotráfico se ha instalado profundamente, cualquier intervención de las autoridades es interpretada por estas estructuras como una amenaza directa a sus negocios. Zeballos advierte que Chile debe evitar llegar a un punto donde la gobernanza criminal se normalice. El Estado no puede permitir que las amenazas criminales condicionen las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de recuperar territorios. Esto no debería limitarse solo al caso de White, sino que exige atención a todas las amenazas contra autoridades municipales y líderes vecinales, que frecuentemente son los primeros en ser atacados por estas organizaciones.

Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros y actual director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central, calificó el caso como un punto de inflexión. Dijo que es la demostración concreta de que el crimen organizado está intentando capturar las decisiones de autoridades locales. Hasta ahora, gran parte del debate político sobre seguridad se ha concentrado en homicidios, asaltos a mano armada y otros delitos convencionales. Pero San Bernardo evidencia una dimensión distinta: el crimen organizado no solo puede matar o extorsionar a ciudadanos comunes, sino que también puede intentar intimidar a quien ejerce la autoridad del Estado en un territorio comunal. Institucionalmente, esto es mucho más grave. Un alcalde amenazado es un alcalde que podría dejar de recuperar espacios públicos, de eliminar infraestructura asociada al narcotráfico, de perseguir el comercio ilícito o de colaborar con las policías. El crimen organizado, en otras palabras, está buscando gobernar mediante el miedo.

La reacción de las autoridades municipales fue inmediata. Daniel Reyes, alcalde de La Florida, afirmó que el crimen organizado pretende gobernar mediante el miedo pero que no los intimidará ni los hará retroceder. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, quien ella misma cuenta con resguardo policial por un caso investigado por la Fiscalía, sostuvo que se debe proteger a las autoridades que están actuando en función de la seguridad de sus comunas. Claudio Orrego, gobernador de Santiago, llamó al Ejecutivo a sentarse con la oposición para ponerse de acuerdo sobre la agenda de seguridad. La Asociación Chilena de Municipalidades emitió un comunicado condenando las amenazas y exigiendo una respuesta rápida y contundente del Estado. Su presidente, Gustavo Alessandri, fue más allá: señaló que esto no es una planificación de un atentado contra una persona, sino contra el Estado mismo. Pidió la conformación de una fuerza de tarea.

Ahora el panorama es más complejo. Los antecedentes sobre el presunto atentado contra White agregan una nueva dimensión a la discusión sobre seguridad pública: la utilización de recursos criminales para interferir directamente en las decisiones de una autoridad pública. La pregunta que trasciende a San Bernardo es clara: ¿hasta qué punto están dispuestas a avanzar las organizaciones criminales para proteger sus territorios y negocios? Si la disputa por los barrios comienza a traducirse en amenazas y planes de asesinato contra autoridades, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un desafío institucional. La reacción del Estado será determinante. Pero lo más importante será su capacidad para garantizar que una amenaza criminal no termine condicionando las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de recuperar territorios donde el crimen organizado ha conseguido instalarse.