El Constitucional aprueba amnistiar la malversación del procés con la ponencia de Conde-Pumpido

El Tribunal Constitucional ha resuelto el último enfrentamiento sobre cómo amnistiar la malversación en el procés catalán. El magistrado conservador José María Macías ha aceptado retirar su propuesta de sentencia de la votación prevista para este martes, lo que permite que la ponencia del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, se convierta en la primera resolución aprobada y fije así la doctrina constitucional en la materia. Esta decisión despeja el camino para que Carles Puigdemont y otros dos políticos fugados puedan regresar a España sin ser detenidos.

Ambas ponencias —la de Pumpido sobre la exconsejera Dolors Bassa y la de Macías sobre el exportavoz Jordi Turull— llegaban a la misma conclusión: amnistiar a ambos políticos. Pero la mayoría progresista del tribunal consideró que, dada la relevancia del asunto, era más coherente que la sentencia que estableciera la doctrina fuera la del presidente. Macías, además, ha decidido firmar un voto particular en contra de la decisión mayoritaria, lo que subraya las tensiones internas en torno a este caso.

El origen del conflicto está en cómo interpretar la ley de amnistía aprobada en 2024. Cuando entró en vigor, el Tribunal Supremo dictó un auto suspendiendo la aplicación del perdón al delito de malversación de caudales públicos. El razonamiento del Supremo fue que los líderes del procés —tanto los condenados en sentencia firme como los procesados en fuga— se habían enriquecido personalmente al ahorrarse los gastos que incurrió el proyecto político ilegal, dinero que procedía de arcas públicas. La propia ley de amnistía había exceptuado su aplicación cuando hubiera enriquecimiento personal, aunque aclaraba que no debía considerarse así el uso de dinero público para actos del procés como referéndums o promoción.

El Constitucional rechaza esta interpretación. Considera que supone una quiebra lógica que haría imposible amnistiar la malversación de cualquiera de los procesados o condenados, cuando precisamente ese era uno de los delitos para los que se aprobó la ley. La ponencia de Pumpido subraya que desde el preámbulo de la ley quedaba claro que la desviación del dinero público a las urnas del independentismo, y no al bolsillo de sus líderes, debía amnistiarse como el resto de delitos cometidos en ese contexto temporal y político. El tribunal de garantías ya había avalado el grueso de la ley de amnistía en junio de 2025.

Una vez aprobada mañana la sentencia que ampara a Bassa, es probable que los votos particulares de los magistrados conservadores se firmen de inmediato. En cuanto la sentencia esté firmada y corregida tipográficamente, podría notificarse al Tribunal Supremo. El magistrado instructor Pablo Llarena podrá entonces basarse en la doctrina constitucional para levantar la orden de detención contra Puigdemont, Puig y Comín. La Sala Segunda del Supremo podrá así aplicar a los otros condenados la amnistía sin esperar a que el Constitucional dicte siete sentencias sucesivas corrigiendo al tribunal superior.

En el pleno de este martes también se decidirá si Macías mantiene su ponencia sobre Turull para presentarla en el siguiente pleno, o si cede para que otro magistrado, probablemente el propio Pumpido, resuelva el recurso aplicando la doctrina o declarando la pérdida de objeto si el Supremo le aplica la amnistía antes. La situación de los otros cinco políticos pendientes se irá resolviendo en los próximos días. Una vez amnistiados, los inhabilitados por la condena vigente podrán volver a presentarse a cargos y empleos públicos, y los procesados podrán regresar a España sin ser detenidos.