El Congreso brasileño busca reducir penas a golpistas tras condena a Bolsonaro

En los días inmediatamente posteriores a la condena histórica contra Jair Bolsonaro y varios generales por conspiración golpista, el Congreso brasileño se ha puesto en movimiento frenético. El expresidente fue sentenciado a 27 años de prisión; sus cómplices recibieron condenas que oscilan entre 16 y 26 años. Mientras el tribunal permanece en silencio, concentrado en redactar los fundamentos de la sentencia, los legisladores trabajan en una dirección opuesta: buscan aprobar una ley que reduzca las penas para todos los condenados por golpismo, una medida que, según sus promotores, "pacificará el país".

El Congreso ha encargado al diputado Paulinho da Força, un centrista veterano, la tarea de elaborar un proyecto de ley que logre lo aparentemente imposible: beneficiar a todos sin provocar un enfrentamiento directo con la Corte Suprema. Da Força ha declarado públicamente que su intención es que la medida "agrade a todos" y que reducirá las penas de manera general, sin individualizar casos. "Si beneficia a Bolsonaro, muy bien; si no, también", ha dicho, en una frase que captura la lógica del centrão brasileño: una fuerza política sin ideología clara que fluye hacia donde sopla el viento del poder. El Congreso aprobó con amplitud tramitar el asunto con urgencia, aunque por ahora carece de un texto concreto sobre el cual trabajar. Los proyectos que circulaban han sido descartados.

Esta maniobra legislativa ha tocado un nervio sensible en la izquierda brasileña. El domingo pasado, decenas de miles de personas salieron a las calles en manifestaciones por todo el país. En Río de Janeiro, en la playa de Copacabana, tres leyendas de la música brasileña compartieron escenario: Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil. El concierto reunió a 42.000 personas. Chico Buarque y Gilberto Gil entonaron juntos "Cálice", el himno contra la dictadura que se convirtió en símbolo de resistencia durante el régimen militar. Fue una demostración de alegría frente a los temores de un retroceso democrático.

La estrategia del Congreso es aparcar la amnistía —un recurso clásico en la historia política brasileña— y en su lugar elaborar una ley que reduzca las penas por delitos de golpismo. Esto beneficiaría a cientos de personas condenadas en casos relacionados con el asalto a Brasilia en enero de 2023, desde los líderes principales hasta civiles que participaron en la invasión de los tres poderes. Entre ellos está Débora dos Santos, una peluquera que hizo una pintada con un pintalabios durante la invasión y cumple una condena de 17 años. Su caso se ha convertido en un símbolo de cómo la represión abarca desde los conspiradores de alto nivel hasta participantes ordinarios.

Mientras tanto, la salud de Bolsonaro ha vuelto a deteriorarse. Una crisis de hipo y vómitos lo llevó al hospital el martes pasado durante 24 horas. También recibió un diagnóstico de cáncer de piel en etapa temprana, lo que requerirá revisiones periódicas, aunque las lesiones fueron extirpadas en una consulta anterior. Tras recibir el alta, regresó a su casa en Brasilia, donde permanece en arresto domiciliario mientras el tribunal redacta la sentencia completa, un proceso que puede tomar dos meses. Sus abogados solicitarán que cumpla su condena en su hogar, evitando la cárcel.

La tensión política se centra en una contradicción fundamental. El bolsonarismo ha trabajado desde antes del juicio a favor de "una amnistía amplia, general e irrestricta" que evite que Bolsonaro entre en prisión. Pero los diputados de la derecha moderada se han resistido, temerosos de enfurecer a la Corte Suprema, especialmente después de que esta ha dictado la sentencia políticamente más sensible de toda la trama golpista. El juez Alexandre de Moraes, quien instruyó el caso y ha sido amenazado y vilipendido por el bolsonarismo, ya advirtió que un perdón a los golpistas sería inconstitucional. Su argumento, reforzado varias veces durante el proceso, es que la impunidad y el apaciguamiento generan futuras asonadas.

Paulinho da Força encarna perfectamente el papel del centrão, esa poderosa fuerza política sin ideología clara que durante décadas ha hecho y deshecho en Brasil, siempre cerca del poder. Da Força es un veterano: fue sindicalista metalúrgico, militó en el Partido de los Trabajadores, lidera el partido Solidaridade que apoyó a Lula en las últimas elecciones, entró en el Gobierno en 2022 y lo abandonó un año después. Además, es amigo personal del juez Moraes desde los tiempos en que este era abogado. Ha iniciado una amplia ronda de conversaciones para calibrar el terreno político antes de esbozar su proyecto. Uno de sus primeros encuentros fue con Michel Temer, el veterano político de centroderecha de 84 años que traicionó a Dilma Rousseff y sigue siendo considerado uno de los más destacados articuladores políticos de Brasil, llamado cuando el establishment necesita apagar incendios institucionales.

El tribunal que condenó a Bolsonaro considera probado que, meses antes de una crisis institucional en 2021 cuando atacó al juez Moraes, el expresidente había comenzado a preparar el terreno para desobedecer los resultados electorales en caso de derrota y permanecer en el poder. Ahora, mientras el Congreso intenta encontrar una salida legislativa que satisfaga a todos sin enfrentar directamente a la Corte, la pregunta que flota en el aire es si la democracia brasileña puede resistir este nuevo intento de conciliación.