En España, la llamada ley de nietos ha abierto las puertas del censo electoral a miles de ciudadanos con ascendencia española que viven fuera del país, provocando crecimientos del 17,9% en Aragón y del 16% en Asturias. Este fenómeno no es solo estadístico: es el reflejo de una nación que negocia, a través del voto, los límites de su propia identidad y pertenencia. La Junta Electoral se prepara para una reunión de urgencia que deberá responder preguntas que van más allá de los procedimientos: ¿quién es ciudadano, y desde qué distancia puede ejercer ese derecho?