El caso Kitchen: un atentado a la separación de poderes que el poder judicial ignora

Tres magistrados de la Audiencia Nacional tienen entre manos uno de los juicios más determinantes para la salud del sistema político español: el caso Kitchen. Y sin embargo, a pesar de su trascendencia extraordinaria, el juicio ha pasado casi desapercibido en la cobertura mediática, eclipsado por las declaraciones de los acusados, las apariciones de testigos como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, y la maraña de otros casos de corrupción que pueblan los periódicos y telediarios. Kitchen ha sido percibido como un caso más de corrupción política, equiparable a cualquier otro en este carrusel de nombres, autos y sospechosos que confunde al ciudadano atento.

La avalancha de información fragmentada sobre los casos de corrupción política empuja a las personas a posicionarse a favor o en contra según la afiliación política del acusado. La vorágine de la información continua hace muy complicado el seguimiento de cada caso, obligando a los lectores a recurrir a atajos cognitivos. En este ambiente de ruido informativo, Kitchen ha pasado como uno más de los casos políticos cuando en realidad se trata de algo fundamentalmente distinto. Lo que se juzgó en la Audiencia Nacional fue una operación de un grupo de policías, al dictado de la cúpula del Ministerio del Interior, para robarle información al antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas, utilizando incluso a un falso sacerdote. La presencia del excomisario Villarejo y la intervención del expresidente Rajoy dieron al caso un aire de esperpento, de chapuza doméstica, que le otorgó una pátina de chiste, de inocencia.

Pero la realidad del caso es exactamente lo contrario. La investigación sobre la operación policial demostró, y así quedó claro en la vista oral, que el objetivo último no era Bárcenas sino la investigación judicial que se llevaba a cabo contra él. Kitchen era un operativo dirigido desde las más altas instancias del poder ejecutivo, utilizando a la cúpula policial, para sabotear una investigación judicial con el objetivo de blindar al partido que ocupaba el Gobierno. Se trataba de una operación de un poder del Estado contra otro poder del Estado.

La apreciación del expresidente Rajoy de que se trataba de una operación legal cae por su propio peso. ¿Cuándo puede ser legal el intento desde el Ejecutivo de torpedear una investigación judicial? Nunca en un Estado de derecho como el nuestro, que tiene como pilar fundamental la separación de los poderes. Esta separación es bidireccional: vale tanto del ejecutivo al judicial como del judicial al legislativo.

Lo que resulta paradójico es que las diversas instancias del poder judicial no se han pronunciado sobre el caso. En cambio, se muestran extraordinariamente punillosas cada vez que un miembro del Gobierno actual se pronuncia de manera crítica sobre una sentencia o un auto judicial. Entonces sí se considera que el Ejecutivo está poniendo en peligro la separación de poderes y la esencia del Estado de derecho. Entonces sí se hacen públicos manifiestos, se convocan concentraciones a las puertas de los juzgados y se difunden notas de queja desde las asociaciones judiciales o desde el Consejo General. Curiosamente, nada de esto se ha visto con respecto a Kitchen, a pesar de ser claramente un atentado a la separación de poderes que, en cualquier otra circunstancia, todas las instancias del poder judicial se aprestan a defender con tanto celo. El silencio del poder judicial ante Kitchen contrasta de manera elocuente con su vigilancia sobre las críticas del Gobierno actual.