El blindaje de las lenguas cooficiales en el Congreso tropieza con obstáculos técnicos y normativos

Francina Armengol, elegida presidenta del Congreso de los Diputados con el respaldo de Junts y ERC, dijo en su primer discurso que las lenguas cooficiales reconocidas en la Constitución podrían usarse "desde ya" en la Cámara Baja. Con ese anuncio activó uno de los compromisos que habían llevado a los independentistas a apoyar al PSOE en la votación de la Mesa. Pero el camino que abre no parece sencillo.

Fuentes cercanas a la presidenta reconocen que todavía no está "muy claro" cuál será el procedimiento para que los diputados hablen en euskera, gallego y catalán. Lo que sí tienen definido es el primer paso: buscar el mayor consenso posible con los distintos grupos parlamentarios y hacerlo "lo más rápido posible". Las mismas fuentes añaden que la lengua no debe ser un problema y que, si el obstáculo es técnico, se soluciona.

Una de las vías posibles es la que ERC pactó con el PSOE horas antes de votar la Mesa. Según el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, los socialistas se comprometieron a elaborar una ley orgánica que permita el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales y en las instituciones del Estado, lo que incluiría también la Justicia. Eso exigiría adaptar técnicamente la Cámara para ofrecer traducción simultánea. Ese mismo día, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, envió una carta a la presidencia del Consejo de la Unión Europea para pedir que las tres lenguas se incorporen al régimen lingüístico de la UE, atendiendo una demanda de Junts per Catalunya.

Surge además la duda de si hace falta cambiar el reglamento del Congreso. Ninguno de sus más de 200 artículos prohíbe ni permite expresamente las lenguas cooficiales, y tampoco obliga a usar el castellano. En cambio, da a la presidencia la facultad de interpretar el texto cuando hay omisiones, de modo que Armengol podría autorizar esas lenguas por sí misma. Ahora bien, esa autorización no las blindaría: un sucesor en el cargo podría revertirla.

El magistrado Joaquim Bosch explica a 20minutos que no existe prohibición alguna en la Constitución, en las leyes ni en el reglamento. Hasta ahora la Presidencia no lo había permitido en uso de su potestad, y un cambio de actitud de la nueva presidenta, ya confirmado, puede habilitarlo. Hay, con todo, derechos que compatibilizar: el de los parlamentarios que quieren expresarse en su lengua y el de quienes los escuchan y deben poder entenderlos. Para garantizarlos, Bosch considera lo más oportuno reformar el reglamento, y no solo para las intervenciones, sino también para la presentación de escritos.

El precedente más claro, subraya Bosch, es el Senado. En 1994 su reglamento cambió para que el presidente pudiera hablar en estas lenguas en la sesión constitutiva y para permitirlas en los debates sobre el Estado de las autonomías y en los escritos dirigidos a la Cámara. En 2005 se amplió a las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y a la publicación de textos en gallego, euskera y catalán en la sección del Senado del BOE. Una última reforma autorizó su uso en la defensa de mociones ante el Pleno y en los escritos registrados.

Cualquier reforma del reglamento del Congreso requerirá una ley orgánica y su tramitación parlamentaria, por lo que el blindaje podría no ser inmediato. Aun así, la Mesa presidida por Armengol puede habilitar el uso de las lenguas mientras la modificación legal sigue su curso. La reforma debería prever además un equipo técnico y humano de traducción simultánea, como en la UE y en parlamentos como el suizo, donde se usan el alemán, el francés, el italiano y el romanche. En Bélgica los 150 diputados se dividen en dos grupos lingüísticos, y en Canadá se emplean el francés y el inglés.

Queda por ver si la presidenta opta primero por una autorización inmediata y qué ritmo marca después la ley orgánica.