El Arzobispado exculpa a Omella de inacción pese a avisos sobre abusos de un cura

En marzo de 2022, un hombre adulto se presentó ante el cardenal Juan José Omella con una historia de abuso sexual. Le contó que Jorge Alexander P., un sacerdote de la diócesis, le había frotado sus genitales contra él sin consentimiento y le había mostrado un vídeo de sí mismo masturbándose durante una videollamada. El cardenal escuchó. Luego, poco más sucedió.

La respuesta del Arzobispado de Barcelona fue mínima: derivaron al cura a un psicólogo y a acompañamiento espiritual. No se abrió investigación formal. No se removió de su cargo. El hombre, identificado como J. en los documentos, no presentó una denuncia canónica formal en ese momento, en parte porque pidió no verse implicado personalmente en ninguna queja oficial. El Arzobispado interpretaría esto después como una razón para no actuar: si la víctima no presentaba denuncia formal, ¿qué podían hacer ellos?

Dos años y medio después, en septiembre de 2024, J. volvió a reunirse con Omella. Esta vez quiso respuestas. ¿Qué se había hecho? ¿Por qué seguía el sacerdote en la parroquia? El cardenal admitió sus dudas: "Siempre me ha quedado un interrogante", dijo. Pero nuevamente, no hubo acción inmediata. Apenas dos meses después, en noviembre de 2024, Jorge Alexander fue detenido por los Mossos d'Esquadra. Lo acusaban de tocamientos a un adulto y a un menor de edad mientras ejercía como rector de la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat en el barrio del Guinardó. Ese caso sigue bajo investigación judicial.

En abril de 2026, J. presentó una denuncia formal ante el servicio de atención a víctimas de abusos del Arzobispado. No solo acusaba al sacerdote de aprovecharse de sus convicciones religiosas. También acusaba al cardenal de indiferencia. Pedía que se abriera un proceso contra Omella por su inacción. Pedía reconocimiento del daño causado. Pedía ayuda económica para sufragar los gastos de psicólogo que había tenido que pagar de su bolsillo para recuperarse: depresión, episodios de angustia, ansiedad. Pedía "vías para curar la herida sufrida".

La respuesta llegó el 26 de junio de 2026, firmada por la vicaría judicial del Arzobispado—el órgano interno que asiste al arzobispo en asuntos de justicia eclesiástica. El documento fue categórico: rechazaba todas las pretensiones. "No se observa daño causado por ninguna actuación ilícita dentro del ámbito canónico", escribieron. El Arzobispado insistía en que lo que J. había relatado en 2022 era un asunto "moral" entre mayores de edad, no un delito canónico. Insistían en que J. había pedido no verse implicado en una queja formal, lo que significaba que había "evitado presentar una denuncia formal". Por lo tanto, no había base para actuar. La vicaría judicial también defendía a Omella en otro frente: la querella que el cardenal había presentado contra J. por amenazas era, según ellos, un asunto "exclusivamente personal" del arzobispo, no una actuación institucional.

Lo que la vicaría judicial no mencionaba claramente era esto: después de que J. alertara a Omella en 2022, el sacerdote continuó ejerciendo durante más de dos años. Continuó teniendo acceso a menores. Continuó, según la investigación judicial posterior, cometiendo abusos. Cuando J. volvió a reunirse con Omella en 2024 para exigir explicaciones, el cardenal respondió diciendo que había habido "una confusión de los términos de la visita anterior" e instó a J. a denunciar ante el servicio de atención a víctimas. Solo después de eso, dos meses después, fue detenido el sacerdote.

J. ha presentado un recurso extenso contra la decisión de la vicaría judicial, rebatiendo punto por punto sus conclusiones. El recurso sigue pendiente de resolución. Mientras tanto, el Arzobispado mantiene su posición: no hubo delito canónico, no hay daño que reparar, no hay responsabilidad que asumir. La víctima sigue esperando.