El alcalde de Puertollano es imputado por acoso laboral a una funcionaria municipal

En la ciudad de Puertollano, un municipio de 45.000 habitantes en Ciudad Real, una funcionaria municipal ha presentado una denuncia que ha llevado a la imputación del alcalde y dos concejales por presunto acoso laboral. Miguel Ángel Ruiz, alcalde del PP desde junio de 2023, comparecerá ante el juzgado el 25 de noviembre junto con José Antonio Barba, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Urbanismo y Limpieza, y Javier Trujillo, concejal de Obras y Mantenimiento. La acusación proviene de Inés Llerena, jefa del servicio municipal de Urbanismo durante los últimos ocho años y funcionaria de carrera en el consistorio.

Llerena presentó su denuncia en mayo de 2025, describiendo un patrón sistemático de comportamientos que califica de vejatorios y hostigadores que se remonta a junio de 2023, cuando la corporación local tomó posesión. Según su relato, el alcalde y los dos concejales realizaron "desacreditaciones continuas" que cuestionaban su profesionalidad y capacidad para el trabajo, mientras le impartían órdenes contradictorias que saboteaban sus funciones. La funcionaria sostiene que todo esto tenía un propósito claro: forzarla a abandonar su puesto para que fuera ocupado por alguien afín al equipo de gobierno. El resultado, según describe, fue un estado de ansiedad y desasosiego que afectó gravemente su integridad moral y dignidad como trabajadora.

Para respaldar su denuncia, Llerena aportó documentación detallada. Incluyó informes que ella misma había redactado y firmado, en los que advertía al equipo de gobierno sobre la falta de personal en el Ayuntamiento y cómo esto impactaba en los retrasos de trabajos municipales, trabajos por los que el alcalde posteriormente la responsabilizaba a ella personalmente. Más significativamente, grabó audios de varias reuniones con los denunciados. En una reunión del 11 de enero de 2024, quedó registrada una conversación en la que le decían frases como "tú reparte las tareas y si no ya las reparto yo", "si hay un accidente la culpa es tuya" e "si no eres capaz me lo pones por escrito". En reuniones posteriores de abril y mayo, los audios capturaron expresiones del alcalde dirigidas a su subordinada que incluían insultos y críticas severas sobre su desempeño, así como afirmaciones sobre la incompetencia del departamento.

En marzo de 2025, después de que Llerena denunciara un incidente que consideró inadmisible con el concejal de obras, fue suspendida de empleo y sueldo durante seis meses. Cuatro días después de que presentara un escrito formal a Recursos Humanos y a los sindicatos, la Junta de Gobierno Local abrió un expediente disciplinario en su contra por "faltas muy graves", incluyendo acusaciones de abandono del servicio y no hacerse cargo voluntariamente de sus funciones. Llerena consideró que esta suspensión era una consecuencia directa de la situación de acoso laboral que estaba denunciando.

El alcalde Ruiz respondió a estas acusaciones en una comparecencia pública, argumentando que las discrepancias y momentos de tensión son normales en cualquier organización y deben entenderse como parte de la gestión administrativa ordinaria. Afirmó que estas situaciones siempre se abordan con el respaldo de informes técnicos correspondientes. Sin embargo, un año después de la suspensión, en marzo de 2026, el Consistorio resolvió el expediente disciplinario con un simple apercibimiento y devolvió a Llerena el salario que no había percibido durante los seis meses de suspensión. La funcionaria fue reincorporada a su puesto de trabajo.

Ruiz es el primer alcalde desde la restauración de la democracia en Puertollano que no pertenece al PSOE; el PP gobierna con el apoyo de Vox. La comparecencia judicial del 25 de noviembre será el primer paso formal en el proceso que determinará si los hechos descritos por la funcionaria constituyen efectivamente acoso laboral o si, como sostiene el alcalde, se trata simplemente de tensiones normales en la gestión municipal.