EE.UU. rechaza inmunidad para Maduro y afirma que Venezuela nunca la solicitó

En una sala de tribunales federales de Nueva York, la batalla legal sobre Nicolás Maduro ha llegado a un punto de quiebre: ¿puede un ex presidente reclamar inmunidad diplomática cuando el gobierno que lo reconocía ya no existe, y cuando el país que lo sucedió nunca pidió esa protección para él?

La Fiscalía estadounidense respondió con un documento contundente entregado al juez Alvin K. Hellerstein. Washington rechaza categóricamente que Maduro tenga derecho a inmunidad frente a los cargos federales que enfrenta: narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo. Pero el argumento no se detiene en la ley penal. Los fiscales subrayan un hecho diplomático que resulta casi más devastador: Venezuela, bajo el liderazgo actual, nunca solicitó esa protección para Maduro. Nunca pidió que se le reconociera como jefe de Estado con los privilegios que eso conlleva. Eso contrasta de manera abrupta con lo que sí hizo Caracas por otra figura: Delcy Rodríguez recibió protección diplomática formal de Washington, y el gobierno estadounidense la reconoce como encargada de la presidencia.

La cronología importa aquí porque revela la arquitectura del argumento. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en enero de 2019. Esa decisión nunca fue revertida. Luego, el 7 de marzo de 2026, después de que Maduro fuera capturado, Washington reconoció formalmente a Rodríguez como encargada. Cuando Caracas presentó una demanda civil en Florida conocida como Kenemore vs. Maduro, que incluía a ambos como demandados, la Embajada de Venezuela hizo una petición oficial el 14 de mayo pidiendo inmunidad para Rodríguez como jefa de Estado. Dos meses después, el 20 de julio, Estados Unidos accedió y reconoció su inmunidad en ese caso. Pero para Maduro, no hubo petición equivalente. Caracas no pidió lo mismo para él.

La defensa de Maduro ha intentado un camino distinto. Sus abogados argumentan que su antigua condición de presidente venezolano debe protegerlo de la jurisdicción penal estadounidense, independientemente de lo que diga el gobierno actual de Venezuela. Maduro incluso se ha presentado públicamente como un prisionero de guerra, cuestionando la legitimidad de su detención. Pero la Fiscalía sostiene que esa interpretación invierte el orden correcto de las cosas. La decisión sobre quién representa oficialmente a un Estado, afirman los fiscales, corresponde al Gobierno estadounidense, no a los tribunales. Y Washington ya tomó esa decisión hace años.

El caso tiene dimensiones que van más allá de Maduro. Su esposa, Cilia Flores, también enfrenta cargos federales y permanece detenida en una prisión federal de Brooklyn. Ella ha presentado una solicitud separada para cumplir arresto domiciliario, argumentando que padece problemas cardíacos que requieren atención médica especializada. Sus abogados dicen que la detención ha agravado su condición. Pero la Fiscalía se opone, argumentando que existe un riesgo extremo de fuga y que representa un peligro para la comunidad. Flores, de 69 años, permanece en reclusión mientras esa disputa se resuelve.

Maduro fue capturado el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Nueva York. Permanece detenido en Brooklyn. Tanto él como Flores se han declarado no culpables. Su defensa ha presentado múltiples mociones para desestimar los cargos, pero la Fiscalía ha pedido al juez que las rechace todas. La audiencia dedicada específicamente al reclamo de inmunidad está programada para el 17 de noviembre. El juicio está fijado para junio de 2027. En las próximas semanas, el juez Hellerstein también examinará nuevamente la solicitud de Flores sobre sus condiciones de detención. Lo que suceda en esa sala de tribunales no solo determinará el destino legal de Maduro y su esposa, sino que también establecerá precedentes sobre hasta dónde pueden llegar los tribunales estadounidenses cuando se trata de cuestiones de reconocimiento diplomático y prerrogativas presidenciales.