EEUU: congresistas presentan ley para revisar el cumplimiento de Nicaragua con el tratado CAFTA

Dieciocho congresistas de Estados Unidos, republicanos y demócratas juntos, presentaron un proyecto de ley que obligaría al Representante Comercial del país a revisar si Nicaragua cumple con el CAFTA, el tratado de libre comercio que une a Washington con seis naciones de la región. La iniciativa responde a la ola de detenciones de opositores ordenadas por el gobierno de Daniel Ortega y, según el texto de la propuesta, podría derivar en la suspensión de Nicaragua del acuerdo.

La congresista por Florida María Elvira Salazar encabeza la petición. "Bajo Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión", afirmó. Dijo que los "matones de Ortega" encarcelan a opositores y silencian voces disidentes, y que por eso presentó la Ley Revisión del Libre Comercio de Nicaragua: el comercio con Estados Unidos, sostuvo, es un privilegio y no un derecho. Añadió que su país no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores.

El congresista por New Jersey Tom Malinowski también respaldó el proyecto. Dijo sentir tristeza por el desmantelamiento de la frágil democracia nicaragüense y pidió a Ortega revertir de inmediato esas acciones y respetar las leyes y la constitución del país. Agregó que no hay razón para que Estados Unidos premie a su régimen con acceso preferencial a su mercado, y por eso la ley exige una revisión inmediata.

El CAFTA fue suscrito por primera vez durante la presidencia de George W. Bush, en 2005. Reúne a Estados Unidos con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que en conjunto son el 18º socio comercial de Estados Unidos. Para pertenecer al tratado, los países deben cumplir requisitos como garantizar un ambiente legal para los negocios, mantener una competencia sana, proteger la propiedad intelectual y promover la transparencia y el Estado de Derecho. Según datos del gobierno estadounidense, las importaciones desde Nicaragua han crecido cerca de un 70% desde que el tratado entró en vigor en 2006.

El detonante fueron las detenciones de cuatro aspirantes a la presidencia, entre el 2 y el 8 de junio. La primera fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura opositora con más opciones de ganar los comicios de noviembre. La Policía entró a su casa el 2 de junio con una orden de allanamiento y detención emitida por una jueza; tras cinco horas, a las 5:15 pm hora de Managua, quedó bajo arresto domiciliario, según su hermano Carlos Fernando Chamorro. El Ministerio Público la acusó de gestión abusiva y falsedad ideológica, en concurso con lavado de dinero, bienes y activos, y pidió inhabilitarla para cargos públicos y retenerla migratoriamente.

El segundo fue Arturo Cruz, embajador en Washington del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido un sábado en el aeropuerto Augusto C. Sandino al volver de una gira por Estados Unidos. Había llegado a las 9:00 y horas después seguía dentro, sin responder mensajes. El Ministerio Público confirmó luego su detención, alegando fuertes indicios de que atentó contra la sociedad nicaragüense. Días antes, Cruz había dudado de su candidatura si seguía la "danza de inhibiciones".

El tercero fue Félix Maradiaga, académico y activista, detenido tras presentarse ante la Fiscalía, donde le informaron de una investigación por incitar a la injerencia extranjera. La Policía lo acusó de "desestabilización" y de aplaudir sanciones contra Nicaragua, entre otros cargos. El cuarto, la noche de un martes, fue Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana y precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, acusado de organizarse con financiamiento extranjero para ejecutar actos de terrorismo, entre otros cargos. Todos se basan en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.

Otros aspirantes, como Medardo Mairena, George Herníquez Cayasso, Miguel Mora, María Eugenia Alonso y Luis Fley, denuncian persecución y asedio policial. Queda por ver si el proyecto avanza en el Congreso y si una revisión comercial pesa antes de las elecciones de noviembre.