En un despacho del Palacio San Martín, el canciller argentino y un subsecretario estadounidense dejaron sobre la mesa un paquete que mezcla tecnología, seguridad y cooperación contra el crimen. Detrás de los números hay una vieja pregunta de todo Estado moderno: quién construye, y en qué piezas confía, el sistema nervioso que sostiene sus servicios. El reemplazo de equipamiento de origen chino y la evaluación de la red de ARSAT muestran que esa confianza se negocia ahora entre potencias, con Argentina buscando cuidar su autonomía mientras paga la mayor parte de la cuenta. Lo que aún no está cl
EE.UU. aportará US$15 millones para reemplazar tecnología china en redes estatales y crear un centro de ciberseguridad
Washington podrá cubrir componentes solo si no existe otra alternativa de financiamiento
Mark
¿Qué se anunció exactamente en ciberseguridad?
Mimi
Un aporte no reembolsable de US$15 millones para un centro nacional de operaciones, con una evaluación de la red troncal de ARSAT y el reemplazo progresivo de equipos chinos en redes estatales.
Mark
¿Estados Unidos paga todo el reemplazo?
Mimi
No. La Argentina debe afrontar sobre todo hardware, licencias y funcionamiento. Washington solo cubriría componentes indispensables sin otra fuente de financiamiento.
Luke
Y ojo con la cifra: el programa se anunció por hasta US$13.912.185 y ahora Quirno habla de US$15 millones. No se aclaró si es el mismo programa actualizado o si hay componentes nuevos.
Mark
¿Qué papel tiene el Departamento de Estado?
Mimi
Participa en la revisión y aprobación de etapas y recomendaciones técnicas, según la documentación original.
Luke
Eso es relevante: el documento lo dice, pero no sabemos cómo se aplicará en la práctica.
Mark
¿Hubo restricciones de visas?
Mimi
Landau defendió las visas como herramienta, pero no confirmó nuevas restricciones ni nombró a nadie.
Luke
Entonces lo del caso CALF queda como pregunta hecha, no como hecho confirmado. Tampoco hay detalle de los proyectos ni del calendario de los US$10 millones contra la trata.
Le Pouls
- El gobierno estadounidense aporta US$15 millones, pero la cifra no coincide con los US$13,9 millones anunciados antes y nadie explica la diferencia.
- Las redes estatales argentinas quedan bajo revisión, y el equipamiento chino debe ser identificado, aislado o retirado sin apagar servicios esenciales.
- ARSAT, la empresa que sostiene la red troncal de Internet, pasa a ser objeto de evaluación mientras prepara por separado una licitación de US$49 millones.
- Argentina debe costear hardware, licencias y operación, lo que deja abierta la duda sobre cuánto del reemplazo podrá concretarse realmente.
- La fase de diagnóstico de seis meses marca el primer examen, y los desembolsos antidrogas y contra la trata de menores completan el cuadro.
En un despacho del Palacio San Martín, el canciller argentino y un subsecretario estadounidense dejaron sobre la mesa un paquete que mezcla tecnología, seguridad y cooperación contra el crimen. Detrás de los números hay una vieja pregunta de todo Estado moderno: quién construye, y en qué piezas confía, el sistema nervioso que sostiene sus servicios. El reemplazo de equipamiento de origen chino y la evaluación de la red de ARSAT muestran que esa confianza se negocia ahora entre potencias, con Argentina buscando cuidar su autonomía mientras paga la mayor parte de la cuenta. Lo que aún no está claro es si el dinero prometido alcanzará para convertir la promesa de independencia digital en capacidad propia.
En el Palacio San Martín, el canciller Pablo Quirno recibió al subsecretario estadounidense Christopher Landau, y de ese encuentro salieron anuncios en tres frentes: ciberseguridad, narcotráfico y trata de menores. El núcleo es un aporte no reembolsable de US$15 millones para crear un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de ARSAT.
El programa busca sustituir equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales, con respaldo del Departamento de Estado y una transición hacia proveedores que Washington considera confiables. La primera etapa será un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos, seguido de recomendaciones para retirar, aislar o neutralizar equipos, sin cortar servicios esenciales.
Hay una cifra que no cierra: la asistencia se había anunciado por hasta US$13.912.185 en unos 36 meses, y ahora se habla de US$15 millones, sin aclarar si es una actualización o componentes nuevos. Están previstos seis meses de diagnóstico y una implementación entre los meses siete y dieciocho, con la meta de un sistema autónomo en tres años.
La ayuda no cubre el reemplazo completo. Argentina deberá pagar sobre todo hardware, licencias y funcionamiento. En paralelo, ARSAT prepara una licitación de US$49 millones con fondos del BID.
En la conferencia, Quirno negó discriminación por origen y dijo que las decisiones responden a evaluaciones permanentes de seguridad informática, aunque reconoció que Estados Unidos le genera confianza y que el país debería desarrollar más capacidades propias. Landau defendió las visas como herramienta de seguridad, sin confirmar nuevas restricciones.
La agenda incluyó además US$13 millones contra el narcotráfico, vinculados al Escudo de las Américas y a la incorporación de varios grupos criminales y guerrillas al RePET, y un pacto de hasta US$10 millones contra la trata de menores, cuyos proyectos y calendario aún no se difundieron. Todo se enlaza con el Corredor Andes-Atlántico. Lo que vendrá ahora es seguir de cerca el diagnóstico y los desembolsos.
El canciller Pablo Quirno recibió este jueves en el Palacio San Martín al subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y de esa reunión salió un paquete de anuncios en tres frentes: ciberseguridad, narcotráfico y trata de menores. El más llamativo fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para poner en marcha un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. Quirno confirmó que el proyecto incluirá una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT.
La iniciativa avanza sobre un programa que ambos gobiernos venían trabajando desde hacía meses para sustituir equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de redes gubernamentales. Cuenta con el respaldo del Departamento de Estado y prevé una transición hacia proveedores que Washington considera confiables. El documento estadounidense dice expresamente que el programa debe acompañar el desplazamiento de equipos de origen chino de la infraestructura digital argentina.
La convocatoria de financiamiento detalla una primera etapa de relevamiento de redes, sistemas y centros de datos para identificar equipos considerados no confiables. Después, se formularán recomendaciones para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales. El Departamento de Estado participará en la revisión y aprobación de etapas y recomendaciones técnicas.
Hay una cifra que todavía no cierra. La asistencia se había anunciado originalmente por hasta US$13.912.185 durante unos 36 meses, y el monto que informó Quirno es de US$15 millones. No se precisó si es una actualización del mismo programa o si suma componentes nuevos. El esquema asigna cerca de US$5 millones al diseño de la arquitectura tecnológica del centro, y el resto a evaluar redes, revisar el marco legal y capacitar especialistas argentinos. Prevé seis meses de diagnóstico y una fase de implementación entre los meses siete y dieciocho, con la expectativa de que el sistema sea autónomo al cabo de tres años.
La ayuda no cubre el reemplazo completo. Según el documento, la Argentina deberá afrontar sobre todo la compra de hardware, las licencias de software y los costos de funcionamiento. Washington podrá cubrir ciertos componentes si son indispensables y no hay otra fuente de financiamiento. El centro funcionará en la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no lo administrará ARSAT, que quedará sujeta a las evaluaciones. En paralelo, la empresa estatal prepara una licitación independiente por US$49 millones, con fondos del BID, para modernizar parte de su infraestructura.
En la conferencia de prensa, los funcionarios fueron consultados por las advertencias de Estados Unidos sobre Huawei y un proyecto tecnológico en Neuquén, ligado a la controversia por directivos de la Cooperativa CALF y posibles restricciones migratorias por sus contactos con la empresa china. Quirno negó que haya discriminación por origen y dijo que las decisiones responden a evaluaciones permanentes de seguridad informática. Reconoció que Estados Unidos es un proveedor que le genera confianza al Gobierno y planteó que, idealmente, el país debería desarrollar más capacidades propias. Landau defendió las visas como herramienta de política exterior y seguridad nacional, pero no confirmó nuevas restricciones ni nombró personas alcanzadas.
La agenda incluyó además la aprobación de US$13 millones contra el narcotráfico: US$7,5 millones para proyectos dentro del país y el resto para iniciativas regionales. Quirno los vinculó con la participación argentina en el Escudo de las Américas y con la incorporación al RePET del Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC-EP y Los Tiguerones.
Landau y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron el Pacto para la Protección de la Infancia, con asistencia de hasta US$10 millones contra la trata de menores. El Gobierno no difundió los proyectos beneficiarios ni el calendario de desembolsos. Todo se enlaza con el Corredor Andes-Atlántico, presentado en septiembre, que contempla tecnología confiable para Washington y financiamiento del Export-Import Bank y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. Habrá que seguir la fase de diagnóstico de seis meses y los desembolsos antidrogas y contra la trata.
Citations marquantes
La Argentina no discrimina proveedores por su origen; las decisiones responden a evaluaciones permanentes de seguridad informática (paráfrasis).— Pablo Quirno, canciller
Washington puede restringir el ingreso de personas cuyas actividades considere una amenaza para sus intereses (paráfrasis).— Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU.
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