En Ecuador, el procesamiento judicial del líder indígena Guido Perugachi por su participación en las protestas de 2025 contra la eliminación del subsidio a combustibles revela una tensión antigua y profunda: la que existe entre el Estado y los pueblos que reclaman sus derechos desde los márgenes del poder. La Fiscalía pide prisión preventiva mientras las organizaciones indígenas invocan la Constitución para recordar que resistir no es delinquir. Este caso, que se dirime en una sala de videoconferencia en Ibarra, condensa preguntas que trascienden lo jurídico: quién tiene derecho a disentir, y
Ecuador procesa a líder indígena Guido Perugachi por protestas de 2025
Dirigente indígena enfrenta procesamiento judicial y riesgo de prisión preventiva por participación en protestas sociales contra políticas económicas del gobierno.
Rechazamos el terrorismo, la intimidación y el asedio permanente
Mark
¿Por qué la Fiscalía considera que Perugachi debe estar en prisión preventiva mientras se investiga?
Mimi
Argumentan que participó en las protestas que paralizaron servicios públicos. Pero la defensa dice que documentar tu presencia en una marcha no es lo mismo que probar que cometiste un delito.
Mark
¿Qué tan común es procesar a líderes indígenas por organizar protestas en Ecuador?
Mimi
Lo suficientemente común como para que las organizaciones indígenas lo vean como un patrón. Dicen que es criminalización, no justicia.
Mark
¿Qué dice la Constitución ecuatoriana sobre esto?
Mimi
Reconoce el derecho a la resistencia contra acciones del gobierno que vulneren derechos. Así que hay una tensión legal real: ¿es delito o es resistencia constitucional?
Mark
¿Cuánto tiempo tiene la jueza para decidir?
Mimi
Noventa días. Durante ese tiempo, Perugachi sigue bajo investigación y la pregunta sobre la prisión preventiva sigue abierta.
Mark
¿Qué querían las protestas de 2025?
Mimi
Que el gobierno no eliminara el subsidio al diésel. Para los campesinos e indígenas, eso significa costos más altos en todo: transporte, producción, vida cotidiana.
Mark
¿Esto afecta solo a Perugachi o a otros líderes también?
Mimi
La solidaridad que expresaron otras organizaciones sugiere que es parte de algo más grande. Cuando procesas al presidente de una confederación, el mensaje llega a todos.
O Pulso
- La Fiscalía ecuatoriana solicita encarcelar preventivamente a Perugachi usando partes policiales de las protestas como evidencia de que paralizó servicios públicos.
- Organizaciones indígenas denuncian que el procesamiento no es justicia sino una estrategia del gobierno de Noboa para silenciar la disidencia y amedrentar a sus líderes.
- La defensa rechaza los cargos y pide a la jueza que aplique medidas alternativas a la prisión, apelando al diálogo intercultural como vía de resolución.
- La Confederación Kichwa del Ecuador responde con un comunicado de solidaridad y cita el artículo 98 constitucional, que reconoce el derecho a la resistencia frente a vulneraciones de derechos.
- Con la instrucción fiscal abierta por 90 días, el destino de Perugachi permanece incierto en medio de una tensión persistente entre el movimiento indígena y el Estado ecuatoriano.
En Ecuador, el procesamiento judicial del líder indígena Guido Perugachi por su participación en las protestas de 2025 contra la eliminación del subsidio a combustibles revela una tensión antigua y profunda: la que existe entre el Estado y los pueblos que reclaman sus derechos desde los márgenes del poder. La Fiscalía pide prisión preventiva mientras las organizaciones indígenas invocan la Constitución para recordar que resistir no es delinquir. Este caso, que se dirime en una sala de videoconferencia en Ibarra, condensa preguntas que trascienden lo jurídico: quién tiene derecho a disentir, y a qué costo.
En Quito, la Fiscalía de Ecuador llevó a audiencia el caso contra Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, acusándolo de haber paralizado servicios públicos durante las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025. La audiencia se realizó por videoconferencia ante la jueza Raquel Maza en Ibarra, quien abrió la instrucción fiscal por noventa días para examinar los argumentos de ambas partes.
Las protestas que originaron los cargos fueron convocadas por organizaciones indígenas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, una decisión del gobierno de Daniel Noboa que encareció el transporte y la producción agrícola de las comunidades campesinas e indígenas, con especial impacto en la sierra norte del país. Los fiscales presentaron partes policiales que documentan la presencia de Perugachi en varias de esas manifestaciones y los utilizaron para fundamentar su pedido de prisión preventiva.
La defensa rechazó categóricamente esa solicitud, argumentando que la evidencia no justifica una medida tan drástica, y pidió a la jueza que considerara el diálogo intercultural como marco de resolución y aplicara medidas sustitutivas al encarcelamiento.
La respuesta del movimiento indígena fue inmediata. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador expresó su solidaridad con Perugachi y denunció lo que describió como una criminalización sistemática de la protesta y una persecución dirigida contra sus líderes. En su comunicado, la organización invocó el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho de individuos y colectivos a ejercer resistencia frente a acciones del poder público que vulneren sus derechos fundamentales.
La decisión sobre la situación procesal de Perugachi permanece pendiente mientras la jueza Maza analiza los elementos presentados, en un momento en que la relación entre el gobierno y los movimientos indígenas sigue siendo uno de los ejes más tensos de la política ecuatoriana.
En Quito, la Fiscalía de Ecuador solicitó prisión preventiva para Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, acusándolo de haber paralizado servicios públicos durante las protestas que sacudieron el país en septiembre y octubre de 2025. La audiencia se llevó a cabo por videoconferencia ante la jueza de garantías penales Raquel Maza en Ibarra, quien abrió la instrucción fiscal por noventa días mientras examina los argumentos presentados por los fiscales.
Las acusaciones contra Perugachi están vinculadas directamente a las movilizaciones que organizaciones indígenas convocaron en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida del gobierno de Daniel Noboa que generó una ola de protestas en todo el país. Los fiscales presentaron partes policiales sobre las manifestaciones y documentaron la participación de Perugachi en varias de ellas, utilizando esta evidencia para fundamentar su petición de que fuera encarcelado preventivamente mientras avanza el proceso.
La defensa de Perugachi rechazó categóricamente los cargos, argumentando que los elementos presentados por la Fiscalía no justificaban una medida tan drástica como la prisión preventiva. Sus abogados pidieron a la jueza que considerara el diálogo intercultural como un marco para resolver el conflicto y solicitaron que se aplicaran medidas alternativas al encarcelamiento.
La noticia del procesamiento generó una respuesta inmediata de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, que expresó su solidaridad con Perugachi y denunció lo que describió como una criminalización sistemática de la protesta social y una persecución dirigida contra líderes indígenas. En un comunicado, la organización rechazó lo que llamó terrorismo, intimidación y acoso permanente del gobierno contra quienes se atreven a alzar la voz en contra de sus políticas.
La Confederación Kichwa también hizo referencia al artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce explícitamente el derecho de individuos y colectivos a ejercer resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren sus derechos constitucionales. Este argumento constitucional forma parte de la defensa más amplia de las organizaciones indígenas, que sostienen que sus protestas no fueron actos delictivos sino ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
Las manifestaciones de septiembre y octubre de 2025 fueron protagonizadas por organizaciones sociales impulsadas por el movimiento indígena, que realizaron bloqueos y protestas en distintas zonas del país, con particular intensidad en la sierra norte ecuatoriana. El rechazo se concentraba en la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, una medida que afectaba directamente los costos de transporte y producción agrícola para las comunidades indígenas y campesinas.
Ahora, con la instrucción fiscal abierta por noventa días, el caso seguirá su curso mientras la jueza Maza analiza los elementos presentados. La decisión sobre si Perugachi será encarcelado preventivamente o si se aplicarán medidas sustitutivas permanece pendiente, en un momento en que la tensión entre el gobierno y los movimientos indígenas sigue siendo uno de los temas más delicados de la política ecuatoriana.
Citações Notáveis
Rechazamos el terrorismo, la intimidación y el asedio permanente del gobierno contra quienes levantan su voz de protesta— Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari)
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