Ecuador: activistas exigen formularios para revocar mandato de Noboa

Afuera del Tribunal Contencioso Electoral en Quito, un grupo de ecuatorianos se reunió el 13 de agosto para exigir algo que las autoridades se negaban a entregar: los formularios necesarios para iniciar un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa. "La revocatoria es la solución", gritaban los manifestantes, mientras esperaban una respuesta a una solicitud que ya había sido rechazada una vez por el Consejo Nacional Electoral.

El mecanismo que buscaban activar es constitucional. Permite que los ciudadanos, tras recopilar un número determinado de firmas y convocar a una consulta popular, remuevan anticipadamente a un gobernante de su cargo. En Ecuador, esto no es teoría: es un derecho establecido en la ley fundamental. Lo que falta es que alguien lo ponga en marcha.

Washington Andrade, abogado y promotor de la iniciativa, encabeza la plataforma Revoca Ec, que agrupa a organizaciones sociales. Después de que el CNE rechazara dos solicitudes para comenzar el proceso, Andrade presentó una apelación ante el tribunal electoral. El juez Joaquín Viteri había negado un recurso que habría facilitado la entrega de los formularios. Ahora la decisión sube al pleno del TCE, que tiene aproximadamente 15 días para pronunciarse. Si vuelven a decir que no, Andrade ya anunció su siguiente movimiento: llevar el caso a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección.

Pero el conflicto político no se limita a los pasillos judiciales. Andrade denunció que desconocidos intentaron sustraer su computadora portátil de un vehículo estacionado junto al tribunal, sin tocar otras pertenencias. Lo interpreta como un acto de intimidación. Asegura que ha sido objeto de seguimientos y hostigamiento debido a su papel como vocero de la iniciativa. Responsabilizó al Gobierno nacional por su seguridad y la de su familia, levantó un parte policial y anunció que presentará una denuncia formal.

Los argumentos de quienes impulsan la revocatoria son claros: sostienen que Noboa ha incumplido el plan de Gobierno que presentó durante su campaña electoral. El Ejecutivo, por su parte, descartó la iniciativa como un "absurdo" y acusó a la oposición de intentar desestabilizar al presidente. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, caracterizó el movimiento como un esfuerzo de la oposición por socavar la administración. Sin embargo, encuestas recientes muestran que la aceptación presidencial ha descendido, lo que sugiere que el descontento no es exclusivo de los activistas que se reúnen frente a los tribunales.

A pesar del incidente de intimidación que denunció, Andrade afirmó que continuará con la iniciativa. Los hechos, dijo, no conseguirán amedrentarlo. El próximo paso dependerá de lo que decida el pleno del TCE en los próximos 15 días. Si rechaza la apelación, el camino hacia la Corte Constitucional ya está trazado. Si la acepta, los formularios finalmente podrían llegar a manos de quienes buscan recopilar firmas. En cualquier caso, el proceso refleja una tensión profunda en la política ecuatoriana: entre un Gobierno que se resiste a ceder poder y ciudadanos que creen tener derecho a hacerlo.